Las activistas recordaron que la ILE es un tema de justicia social, salud pública y garantía de los derechos fundamentales de las mujeres, jóvenes y niñas
Maurilio Hernández, coordinador de la bancada, informó que se puso en contacto con la dependencia, solicitó que de seguimiento y celeridad a las investigaciones y se garantice la protección de la congresista; además comprometió estar pendiente de la situación, de manera personal.
El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, de urgente y obvia resolución, a propuesta del Partido Verde Ecologista (PVEM) y con la adhesión de la panista Brenda Escamilla.
Este compromiso se desprende de una reunión que este 3 de agosto sostuvieron voceras de las activistas con las diputadas Nancy Nápoles, Elba Aldana, Beatriz García, María de Jesús Galicia, Karina Labastida, Rosa María Pineda, Mariana Uribe, Anais Burgos, Araceli Casasola y Claudia González Cerón.
La legisladora consideró un reto garantizar que la ciudadanía participe en las decisiones gubernamentales, por lo que desde la Legislatura local se deben promover esfuerzos para incorporarla con efectividad.
Advierte que en 4 de cada 10 casos, el delito es cometido por familiares o gente cercana a los menores, mientras sólo 2% de los delitos se denuncia.
El ombudsperson Jorge Olvera declinó su aspiración por repetir en la encomienda cuatro años más; tampoco se registró José Castillo Ambriz, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (IEEM) y quien desde 2018 se sumó a las filas de Morena.
Uno de los abusos más frecuentes en contra de las personas mayores consiste en el despojo
