Diputadas de diferentes partidos políticos solicitaron a la Secretaría de Hacienda considerar como prioritarios los recursos del anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinados a la equidad entre hombres y mujeres, a fin de evitar reducciones en programas como la Alerta de Violencia de Género.
En un pronunciamiento, calificaron como preocupante y grave que, a pesar del incremento de la violencia contra las mujeres como resultado del confinamiento, la Secretaría de Gobernación retire el subsidio federal asignado para la Alerta de Violencia de Género (AVGM) a los estados de Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Puebla y el Estado de México.
El documento firmado por legisladoras y la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, señala que el recorte fue hecho por el Comité de Evaluación encargado de los subsidios federales a las AVGM en estados y municipios de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), luego de que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Segob ajustó la partida 43801 "Subsidios a entidades federativas y municipios" para dichos estados.
Esto, indicaron, consta en un oficio emitido el 29 de junio pasado, suscrito por la ex comisionada María Candelaria Ochoa y enviado al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el cual se hizo público.
El ajuste, sostuvieron, se ampara en el argumento de que la ley establece que el otorgamiento del subsidio quedará sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
No obstante, advirtieron que esto no significa que las referidas entidades no estén obligadas a operar las alertas, pues cada gobierno a nivel estatal y municipal debe destinar parte de su presupuesto para implementar estos mecanismos.
Las legisladoras alertaron sobre el hecho de que eliminar el subsidio federal impactará la capacidad de los estados para atender la violencia de género, lo que aumentará el riesgo para la vida de las mujeres.
"Es entendible la necesidad de utilizar recursos para atender los efectos derivados de la emergencia sanitaria, sobre todo en el ramo económico y de salud, sin embargo, manifestamos que en cuanto a la atención de la violencia contra las mujeres, esa política pública debe replantearse, ya que se deja en estado de indefensión a miles de mujeres que se encuentran en entidades donde la violencia de género se ha 'normalizado'", señalaron.
Las diputadas criticaron también la decisión del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de posponer la publicación de resultados de las Convocatorias del Programa de Derechos Indígenas, que incluyen acciones encaminadas a garantizar el derecho a una vida libre de violencia de mujeres indígenas y afromexicanas.
Ante ello, reiteraron el llamado a la Secretaría de Hacienda para que no reduzca los recursos del Anexo 13 "Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres", y sean considerados como programas prioritarios durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Recordaron que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero a mayo se registraron 375 feminicidios.
En lo que se refiere a las mujeres víctimas de homicidios dolosos, agregaron, en el mismo periodo la cifra ascendió a mil 233 casos. Además de Laura Rojas, el pronunciamiento fue suscrito por la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, la morenista Lorena Villavicencio, la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle, y la priista Lourdes Erika Sánchez.