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A bordo de la aeronave van equipos mexicanos de rescate y 16 caninos con la misión de salvar vidas, agregó el funcionario en sus redes sociales.

Hasta el momento, se encuentran desplegados 3,586 efectivos militares en Sinaloa de las fuerzas especiales y fusileros paracaidistas y hoy llegarán 1,000 elementos más de la Guardia Nacional, Ejército y la Fuerza Aérea para resguardar la entidad.

La controversia constitucional que la SCJN rechazó fue promovida por la Cámara de Diputados en 2020 para frenar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2024, aunque la disposición que lo permite se amplió este año hasta septiembre de 2028.

En el decreto se establece que el uso del Ejército y la Marina en las labores de seguridad pública deberá ser extraordinaria, temporal y acreditarse su absoluta necesidad por la autoridad civil.

En conferencia de prensa, Zaldívar dijo que el proyecto corre a cargo de la ministra Margarita Ríos Farjat.

Durante la sesión ordinaria, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, realizó la declaratoria y ordenó la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.

Morena y sus aliados modificaron la orden día de la Cámara de Diputados para declarar la constitucionalidad de la reforma que extiende la presencia del Ejército en las calles.

Señaló es importante que se conozca cuántos congresos locales aprueban la reforma al Artículo Quinto Transitorio para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles realizando labores de seguridad, en colaboración con la Guardia Nacional y las policías locales. 

La minuta ya había sido avalada por los legisladores federales, pero al tratarse de una reforma constitucional requiere la ratificación de la mitad más una de la Legislaturas locales para entrar en vigor.

Los diputados destacaron que este cambio legislativo también establece que las Fuerzas Armadas permanente realizarán las labores de seguridad con sus propios medios, pero que deberán capacitarse en “doctrina policial civil”, establecida en el artículo 21 constitucional.