La Central Campesina Cardenista (CCC) promoverá que la Ley de Amnistía del Estado de México incluya delitos del fuero común y los enumerados en la ley federal, beneficiando a indígenas y campesinos que fueron encarcelados por defender sus tierras y aguas, no contaron con abogado bilingüe o fueron acusados injustamente por delitos contra la salud.
Para ello, el diputado morenista Max Correa hizo un llamado a las organizaciones campesinas y sociales a incidir en los próximos días en los Congresos estatales para que sus leyes de amnistía incluyan delitos del fuero común y los enumerados en la ley federal.
Además, dijo Correa Hernández, es importante difundir ampliamente entre la ciudadanía el contenido y el sentido de la Ley de Amnistía, para que indígenas y campesinos encarcelados por dichos delitos, puedan solicitar el beneficio de su libertad.
El también ex dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC) explicó que un alto porcentaje de estos casos se encuentran procesados, pero no han sido sentenciados, como las mujeres del Bajío que tuvieron la necesidad de abortar y fueron detenidas, o los jóvenes campesinos que son privados de su libertad por consumir marihuana.
“De ahí la importancia que las dirigencias sociales realicen sus propuestas para conformar las leyes locales de amnistía y ejercer presión social para que los Congresos legislen según la realidad de cada estado”.
El legislador confió en que, una vez que se reinicien las labores de los órganos jurisdiccionales y se instale la comisión encargada de recibir las solicitudes de liberación, la gente tendrá los elementos necesarios para poder presentarlas.
En este sentido, aclaró que, si bien, los beneficios de la Ley de Amnistía no son automáticos, sí es importante ubicar su propósito, lo que permitirá exigir, en su momento, la libertad para quienes estén dentro de lo estipulado por la ley.
También destacó la necesidad de estudiar y asimilar a fondo el espíritu del Constituyente, plasmado en la nueva ley, para no cometer el error de crear falsas expectativas a familiares de las personas privadas de su libertad.
La CCC agregó que desde el pasado 28 de abril inició una campaña a través de redes sociales para difundir los alcances de esta norma en favor de activistas y luchadores sociales.