El funcionario aseguró que los más de 5 300 millones de pesos se utilizaron para apoyar a empresas, grupos vulnerables, campo, pérdida de empleos y salud, lo que significa 1 060 millones en promedio durante cada uno de los cinco meses de la contingencia sanitaria, 36.5 millones diarios en promedio.
Arias Calderón añadió que el informe presentado es distinto a la realidad y acusó que los programas puestos en marcha para atenuar los estragos del COVID-19 no llegaron a la población: "Quisiera aplaudirle, pero conozco familias que viven requetebien y les dieron salario rosa. El programa no llegó a quienes más lo requieren", señaló.
Los panistas consideran que los cambios al Código Electoral estatal y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México realizados el 29 de septiembre pasado atentan contra la participación de las personas en la vida democrática de los municipios
Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), indicó que uno de los temas en que su bancada tiene mayor interés es la seguridad pública,
Ante el rebrote de COVID-19, y después de que el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob, confirmara que dio positivo a la prueba de SARS-CoV-2, Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que la Legislatura local ha reforzado las medidas sanitarias para realizar el ejercicio y de ninguna manera posponerlo.
En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019, recordó, al sector Salud le fue destinado un presupuesto de 41 469 millones 584 227 pesos
Elizalde Vázquez recordó que en redes sociales han sido denunciados numerosos casos de corrupción en retenes de Satélite, en Naucalpan, o Juchitepec, donde un video evidencia a policías municipales extorsionando a automovilistas, justificando que realizaban revisiones de rutina.
Las hipótesis sobre el destino de los recursos, recordó, van desde campañas políticas, hasta el beneficio personal; de allí la necesidad de la transparencia.
Estas sanciones se impondrán con independencia de las que correspondan por conductas que impliquen la comisión de otro(s) delito(s).
La propuesta de la morenista Karina Labastida reduce a seis meses los términos procesales para proteger los derechos y la personalidad de la persona desaparecida
