Por unanimidad, el Congreso mexiquense pidió a la Contraloría del Poder Legislativo y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) investigar y sancionar la presunta violencia política de género ejercida contra la segunda regidora de Nicolás Romero, Melva Carrasco, por integrantes del cabildo. Adicionalmente, solicitaron que el alcalde, Armando Navarrete, informe a la Legislatura sobre los actos cometidos contra la edil.
La decisión, se desprendió del punto de acuerdo promovido por la morenista Anaís Burgos, quien recordó que desde inicios de la administración 2019-2021, el alcalde de Nicolás Romero, Armando Navarrete López, emprendió diversas acciones en agravio de la edil y su equipo de trabajo.
La regidora, dijo, ha sufrido acciones que entorpecen su labor y ataques verbales por parte de la sexta regidora, María Martha Ronzón Pérez, del secretario del Ayuntamiento, Rodolfo López Olvera, y de la síndico Éricka Flores Hernández. Lo anterior, porque en 2019 Melva Carrasco cuestionó en cabildo el ecocidio cometido en la ex fábrica de papel del Pueblo de Progreso Industrial y la falta de permisos para la tala de más de dos mil árboles; además, solicitó información sobre el proyecto a realizarse en este lugar, pero le respondieron que los datos estaban resguardados por cinco años.
Tras estos cuestionamientos, el Ayuntamiento dio de baja a su asesora jurídica, y después a otros dos miembros de su equipo de trabajo, y la regidora tuvo que cubrir con sus propios ingresos los sueldos de sus colaboradores.
Entre las acciones de gobierno que la edil ha cuestionado se encuentran los viajes del alcalde a España y los resultados obtenidos durante su administración; también votó en contra de la contratación de un préstamo por 40 millones de pesos, la actualización de las tablas de valor del uso de suelo y construcciones, la licencia de cien días otorgada al alcalde y la reducción en 50% de la dieta mensual de ediles para apoyar a los afectados por la pandemia de COVID-19, porque no se ha informado el destino del presupuesto.
Debido a su voz crítica en las sesiones de cabildo, prosiguió Burgos, la regidora es blanco de alusiones personales por parte de otros ediles, sin otorgarle el derecho de réplica, y se le ha impedido exponer temas de interés público. El 17 de noviembre pasado, refirió, como una represalia más, se dio de baja a las dos últimas personas que quedaban de su equipo de trabajo y se desconoce la razón de los despidos de los cinco colaboradores: “El cúmulo de acciones indirectas y repetitivas narradas anteriormente no sólo es una forma de discriminación, sino un ejercicio antidemocrático de la actividad de gobierno que vulnera su carácter de representante popular, quebranta sus derechos políticos, afecta a familias mexiquenses y a mujeres trabajadoras que desempeñan un trabajo público”, acusó la diputada.
Burgos también recordó que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, el Código Penal del Estado de México y el Código Electoral de la entidad ya obligan a todas las autoridades a aplicar y velar por los derechos de las mujeres en la vida política, los cuales han sido incumplidos o quebrantados por los antes mencionados.