Morena alcanzó la mayoría en la Legislatura mexiquense con muchas expectativas. Más de dos años después, a pesar de su mayoría parlamentaria, pocas de sus principales propuestas han sido aprobadas, muchos temas se han quedado en apenas exhortos y los contrapesos casi no se han palpado.
La LX Legislatura se ha caracterizado por la promoción de un gran número de iniciativas; históricamente, en este aspecto ha sido la más productiva. El problema, sin embargo, radica en que muchas, entre ellas algunas de las importantes, se han quedado en el tintero. Otras, incluso, han precluído en más de una ocasión; por ejemplo, la de matrimonios igualitarios ya caducó en dos ocasiones.
Entre los temas de la agenda de Morena que sí se cumplieron, se enlistan la desaparición legal del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) y la recuperación de la facultad de la Legislatura para calificar las Cuentas Públicas. Otras se cumplieron a medias; la mayoría morenista abrogó la última reforma a la Ley ISSEMyM que modificó el esquema de pensiones de solidario a Afores, pero no ha construido una nueva.
Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), admitió que están atorados con la propuesta del aumento de cuotas a los trabajadores. Además, ni siquiera se ha cumplido el mandato aprobado por el pleno en marzo de 2019 para realizar una auditoría externa al organismo. Ese mismo mes, Morena concretó la Ley OHL, consistente en una reforma al Código Administrativo para obligar al Estado a retomar el control de las autopistas cuando la iniciativa privada recupere la inversión con los rendimientos previstos en el título de concesión. Desde entonces, los diputados sólo han emitido exhortos sobre presuntas anomalías en las concesiones operadas por la actual Aleatica, muchas de las cuales demandan información precisa, sin que a la fecha se conozca si existe respuesta y, menos aún, la operación de alguna vialidad de cuota haya sido recuperada por el Estado.
El Congreso local ya designó al contralor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), pero no ha reformado la Ley de la máxima casa de estudios, siquiera para sustentar facultades y obligaciones del nuevo funcionario, sin contar la reelección o revocación de mandato del rector, la prohibición de las candidaturas únicas y la elección abierta de rector y directores.
Los diputados de Morena promovieron la desaparición del fuero, la reducción de financiamiento público de los partidos políticos al 50%, los matrimonios igualitarios, la Ley de Amnistía, la interrupción legal del embarazo; empero, ninguna de estas iniciativas ha sido, siquiera, dictaminada, pese a que se han tenido algunas reuniones en comisiones.
Morena inició la Legislatura con 38 de 75 escaños que le otorgaron la mayoría simple absoluta para tomar decisiones (excepto constitucionales) sin requerir de apoyo, pero el 27 de febrero de 2019 la perdió con la incorporación de Claudia González Cerón al Partido de la Revolución Democrática (PRD). En agosto de 2019, Javier González Zepeda renunció al Partido del Trabajo y se incorporó a Acción Nacional (PAN). Meses antes, en marzo, Crista Amanda Spohn Gotzel dejó a Morena y migró al PT, partido al que también renunció el 21 de mayo de este año para sumarse al albiceleste, con lo que Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada y la posibilidad de sacar adelante reformas constitucionales y nombramientos como los de los magistrados y el fiscal de Justicia.
No obstante, la coalición “Juntos Haremos Historia” conserva la posibilidad de modificar, por sí sola, cualquier otra norma, pero hasta ahora, la mayoría de las acciones de la bancada morenista se ha basado en la emisión de puntos de acuerdo que tienen fuerza mediática al evidenciar problemas, deficiencias y hasta posibles actos de corrupción, pero no son vinculantes y su cumplimiento depende de la voluntad de la autoridad aludida.
Apenas hace unos días, durante la glosa del tercer informe del GEM, el petista Armando Bautista alertaba que muchos de los exhortos no han sido promulgados por el Ejecutivo en la Gaceta de Gobierno, menos aún, acatados; entre ellos, se enlistan los dirigidos al fiscal Alejandro Gómez y al secretario de Salud, Gabriel O'Shea.