Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno estatal, consideró violatorio a la Constitución la desaparición del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) para los giros de alto impacto, pues la emisión de las evaluaciones técnicas en materia de impacto urbano, regional, territorial, ambiental o de comunicaciones de por sí es una atribución jurídica de las entidades federativas, conforme al artículo 10 de la ley general de asentamientos urbanos. Por su parte, Rafael Díaz Leal Barrueta, secretario de Desarrollo Urbano y Obra, reconoció que este tipo de giros representa 90% de la inversión en el Estado de México.
Lo anterior fue planteado por los funcionarios ante diputados locales, durante una reunión de trabajo para continuar con el análisis de la propuesta del morenista Nazario Gutiérrez en el sentido de desaparecer el DUF y que los trámites de funcionamiento sean emitidos por los municipios. En el encuentro, Díaz Leal Barrueta precisó que, de cada 10 trámites DUF, 7 corresponden al sector comercial y 3 son de alto impacto o impacto urbano; estos últimos, admitió, generan 90% de inversión en el estado, mientras los otros siete generan 50% de los empleos. Y todos son importantes.
Aseguró que desde la atención del trámite por internet, los relacionados con los giros comerciales se resuelven en un máximo de cinco días, de tal manera que en dos meses se han liberado DUFs por 25 mil millones de pesos en inversión, de los que 13 mil corresponden a los de alto impacto.
A la fecha, aseguró, se han resuelto 90% de los DUFs de alto impacto, cada uno representa inversiones de al menos cien millones de pesos y hasta de 3 mil millones. Indicó que, actualmente, cada día se reciben entre 15 y 20 trámites, y se entregan entre 20 y 25. El DUF, aseguró, es una ventanilla única que concentra nueve permisos emitidos por once dependencias, aporta una visión regional, estandariza criterios de desarrollo urbano y económico e implica un análisis exhaustivo.
Díaz Leal Barrueta aseguró que no existen expedientes de quejas en contra de funcionarios debido a presuntos actos de corrupción por atender, pero la dependencia se encuentra abierta a quejas o denuncias por largos períodos de respuesta o malos tratos. Además, admitió que se debe ser más transparente, ágil y eficiente con los trámites, de tal manera que se requiere simplificarlos y tener reglas más claras, de otra manera, el resultado será adverso.
Por su parte, Espeleta Aladro aseguró que regular el impacto urbano es una atribución que el Congreso de la Unión confirió a los gobiernos estatales en la Ley General de Asentamientos Urbanos, específicamente en el artículo décimo relacionado con el ordenamiento territorial y desarrollo urbano. En este entendido, corresponde a las entidades evaluar, mediante estudios técnicos, y dar seguimiento al impacto urbano, regional, territorial -de uno o más municipios-, ambiental y de comunicaciones.
Aún desapareciendo a la Comisión de Factibilidad, como se pretende, consideró, los inversionistas de giros como gaseras, gasolineras, industrias, helipuertos y aeródromos, usos de suelo de impacto urbano señalados en planes de desarrollo municipales, o de condominios de más de treinta viviendas deben ir con el estado a solicitar evaluaciones técnicas. En todo caso, dijo, se deben decantar claramente las facultades del estado y las de los municipios, revisar si el impacto comercial requiere DUF, simplificar la carga regulatoria de impacto urbano y homologar los requisitos en todos los municipios para la emisión de los permisos.