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La iniciativa recuerda que, aunque en 2025 los 125 municipios ya estaban autorizados a contratar deuda —y varios iniciaron gestiones—, no pudieron disponer de los recursos debido a criterios actualizados por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), que modificó la manera de establecer los plazos de los financiamientos en los decretos de autorización.

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