El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México dejó sin efectos la decisión del juez Ganther Alejandro del Villar en la que rechazó sobreseer el caso contra Robles y anular la vinculación a proceso que le fue dictada por ejercicio indebido del servicio público.
Dicha acusación corresponde al ISR del año 2017, ya que también se sospecha que existan recursos, derechos o bienes que provengan, de manera directa o indirecta.
Cabe destacar que el Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México hizo un análisis de diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema de la prisión preventiva por lo que decidió dar la protección federal.
Los empleados, fundamentalmente sindicalizados, le recriminaron la falta de pago de quincenas y aguinaldos en el último año de la pasada administración. Para diciembre de 2021, el municipio además debía a sus empleados de confianza hasta 6 meses de salario.
El primer detenido fue el alcalde de Epazoyucan, Fidel Arce Santander (PRI), alrededor de las 13:21 horas; mientras el gobernador realizaba declaraciones sobre esta detención, fue apresado en Palacio de Gobierno el alcalde de Huautla, Felipe Juárez Ramírez (PES).
El encargado de la seguridad en la entidad mexiquense, refirió que dicha reducción se debió a una estrategia que se puso en marcha por autoridades de la Ciudad de México y que se replico en el Estado de México por las autoridades locales.
Lo anterior debido a que la orden de captura girada por el juez de control del Reclusorio Oriente viola el principio de legalidad, estimó la juzgadora tachar de deficiente la argumentación presentada por Alberto Torres.
Conforme el expediente de la Fiscalía, existe una desproporción entre los ingresos obtenidos como servidor público y lo que realmente cuenta en su haber patrimonial.
Salcedo Aquino refirió que ya hay 38 denuncias por estas presuntas irregularidades y posibles daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Lincos, presentadas por diversas dependencias, las cuales están en etapa de investigación con miras a su judicialización
Las partes solicitaron originalmente un plazo de dos semanas en ambos procesos para alcanzar el potencial acuerdo, pero dicho plazo se ha ido ampliando indefinidamente ante las dificultades para cerrarlo. Las negociaciones continúan hasta la fecha.
