Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura local, reconoció que las protestas de ciudadanos en San José del Rincón y de transportistas del Valle de Toluca contra la extorsión son una reacción a la falta de eficacia de las autoridades para frenar este flagelo que va en aumento.
El fenómeno, admitió, ocurre ya en diversos municipios de la entidad, pero la falta de respuesta de las autoridades lleva a los ciudadanos a pagar “derecho de piso” y solo cuando llegan a un punto de crisis recurren a manifestaciones como las de hace unos días.
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“Es un problema grave que se ha generalizado en varias partes del Estado de México, es una acción que opera bajo el agua además porque no todo mundo denuncia”, planteó.
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Indicó que las protestas y bloqueos en San José del Rincón son muestra del hartazgo de la gente ante el azote del crimen organizado, aunque el ilícito también ocurre en el sur de la entidad, donde aún no se manifiestan los vecinos pero los grupos delictivos controlan precios, mercancías y quién ingresa.
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“Es una situación que el Estado y el conjunto de instituciones en materia de seguridad, particularmente, está obligado a enfrentar y dar una respuesta para que no pase esto”, dijo.
Hernández González llamó al gobierno federal, estatal y a los 125 ayuntamientos a tomar medidas coordinadas con estrategias de inteligencia que permitan frenar este problema que va en aumento en la entidad.
“Se requieren mejores mecanismos, sobre todo de inteligencia, para detectar el origen de las extorsiones, identificar a los actores y poder ir sobre ellos, pero de manera coordinada con todos los elementos”, expuso.
Recordó que en las mesas de seguridad están representados los municipios, la policía estatal, la ministerial, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes están obligados a dar respuestas eficaces a la población.
“Nuestro llamado es a que esas mesas de seguridad son instrumentos puedan revisar sus métodos, sus sistemas y que den resultados”, agregó.