El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) adelantó que en breve retomará su iniciativa para otorgar incentivos fiscales a las empresas productoras de plásticos que sustituyan los de un solo uso por compostables o biodegradables, y obligar a dependencias de gobierno y escuelas públicas a no utilizar los primeros.
José Alberto Couttolenc, coordinador parlamentario en el Congreso mexiquense, recordó que esta propuesta fue planteada hace 3 o 4 años, pero el gobierno en turno (entonces priista) la frenó, bajo el argumento de que afectaba a los empleados de la industria, quienes corrían el riesgo de perder sus empleos.
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Por tanto, aclaró que la intención de ninguna manera es afectar a las empresas que producen plásticos, y menos a sus trabajadores, sino motivarlas para que contribuyan a la disminución de la huella de carbono.
“La mayoría de los plásticos de un solo uso terminan en nuestros bosques y contaminan mantos freáticos, tenemos enfermedades de todas nuestras niñas, niños y adolescentes. Somos la entidad que genera más residuos. Por eso es necesario regular los plásticos de un solo uso”, manifestó.
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Indicó que recurrir a alternativas de producción, como agregar fibras de coco o plátano, implicaría aumentar la inversión en no más de diez por ciento, lo que desde su punto de vista no afectaría los costes de manera importante y, por el contrario, las empresas se verían beneficiadas con incentivos fiscales, que se procurará sean importantes, si bien el porcentaje dependerá del cabildeo con las otras fuerzas políticas.
“Sale un poquito más cara la producción, pero el beneficio al medio ambiente es inmenso. La maquinaria para producir es prácticamente la misma, el proceso también, sólo se agrega un pequeño aditivo… el costo es mínimo, no sube más del 10 por ciento”, refirió, luego de indicar que además se contempla la creación de padrón de fabricantes y distribuidores de plástico.
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La iniciativa prevé, de igual manera, frenar, desde las instancias gubernamentales y escuelas, las compras de los plásticos de un solo uso, no necesariamente a través de algún castigo en caso de que no ocurra de esta manera.
También se complementaría con la puesta en marcha de campañas de concientización, de manera que la migración de estos productos sea gradual.
A la fecha, indicó, 29 de 32 entidades del país ya tienen algún tipo de regulación al respecto. “Vamos tarde”, añadió.