Periodistas del Estado de México propusieron incluir en la futura Ley Integral de Protección al Gremio Periodístico un apartado de seguridad post mortem, como respuesta a la creciente ola de asesinatos y desapariciones forzadas de comunicadores en el país.
Un sepelio digno como derecho
La propuesta busca que el Estado garantice sepelios dignos y cubra gastos funerarios de periodistas que fallezcan en circunstancias violentas o por enfermedades crónicas. La iniciativa fue presentada por el periodista Gabriel Rodríguez Hernández, director de El Informativo Veraz, durante los foros regionales organizados por el gremio.
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“En caso de asesinato o fallecimiento de un periodista reconocido por las autoridades o asociaciones del gremio, el Estado deberá asumir los gastos funerarios, extensivos a familiares consanguíneos cercanos”, señala el documento.
Asimismo, si el comunicador muere a causa de una enfermedad crónico-degenerativa registrada en el sistema IMSS-Bienestar, se contempla que el Estado también absorba los gastos del sepelio.
Apoyos económicos para las familias
La iniciativa prevé la entrega de apoyos económicos mensuales, medidos en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), a familiares directos de los periodistas fallecidos:
- 5 UMAs si el deceso fue por enfermedad
- 15 UMAs si ocurrió durante el ejercicio profesional
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En caso de muerte derivada del crimen organizado o relacionada con la labor informativa, incluso fuera del territorio mexiquense, se propone que el gobierno cubra también el traslado del cuerpo y se active un esquema de reparación post mortem.
Cifras alarmantes
Durante su participación, Teodoro Rentería Arroyave, presidente honorífico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, advirtió que hasta el 26 de marzo de 2025 se habían registrado 398 asesinatos relacionados con el gremio, entre ellos:
- 337 periodistas
- 9 locutores
- 16 trabajadores de prensa
- 19 familiares
- 12 amistades
- 2 civiles
- 3 escoltas
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Además, señaló que existen más de 28 desapariciones forzadas sin esclarecer, aunque advirtió que la falta de una metodología unificada entre entidades podría obstaculizar un diagnóstico nacional claro.
“No solo proteger en vida…”
Rodríguez Hernández hizo un llamado a las fracciones parlamentarias de la LXII Legislatura del Congreso mexiquense para que escuchen y analicen la propuesta:
“La muerte de un periodista no debe terminar con la negligencia del Estado. Es una obligación moral y política resarcir a las familias de quienes arriesgan su vida por informar”.
El periodista insistió en que el reconocimiento a la labor periodística debe mantenerse incluso ante su desenlace más trágico:
“No se trata solo de proteger en vida, sino de garantizar dignidad después de la muerte”.
La propuesta será integrada a la iniciativa final de reforma que se estima sea presentada al Congreso del Estado de México en septiembre próximo, en el marco de la revisión a la Ley de Protección a Periodistas de la entidad.