La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció omisión por parte de la Legislatura mexiquense en la creación y puesta en marcha de la Comisión Especial en Materia de Amnistía y la intención de bloquear este instrumento jurídico para que los falsos culpables no accedan a la libertad, desde la Comisión estatal de Derechos Humanos (Codhem) con la designación de Myrna García Morón como su titular.
Por tanto, el activista José Humbertus Pérez, fundador de dicha asociación, anticipó la promoción de un amparo en busca de que se repongan los lineamientos de la comisión parlamentaria, se consideren las solicitudes promovidas antes de su emisión, y para que García Morón se excuse de participar en la resolución de los expedientes promovidos por la organización, al considerar que es juez y parte del fracaso del Sistema Penal Acusatorio, adversarial y oral.
Pérez Espinoza indicó que los diputados no dieron cumplimiento a los tiempos y términos de los artículos transitorios de la Ley de Amnistía del Estado de México; de manera concreta, indicó, el quinto establece un plazo de 30 días hábiles para crear la Comisión Especial en Materia de Amnistía, plazo que venció el 19 de febrero de 2021, mientras este órgano legislativo se creó el 26 de marzo y sus lineamientos se promulgaron hasta el primero de julio, cuando la asociación Presunción de Inocencia ya había promovido las primeras 109 solicitudes de amnistía por violaciones a derechos, fallas en la aplicación de los principios penales del Sistema Acusatorio y la plena presunción de la fabricación de delitos; hasta el momento, la organización no ha sido notificada del estatus que guardan estas peticiones.
Además, expuso el activista, los lineamientos para el Procedimiento de Atención a los Casos que por su Relevancia son Puestos a Consideración de la Comisión Especial en Materia de Amnistía son generales y no específicos. El noveno, dijo, no especifica los criterios de la Comisión Especial y la Secretaría Técnica para solicitar la Opinión Técnica Consultiva de la Codhem, la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM), del Poder Judicial y del Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ni de organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas.
En el caso de las más de 850 solicitudes de amnistía promovidas por PIDH (740 fueron presentadas cuando ya había lineamientos), planteó, el órgano del Estado que tiene la responsabilidad de emitir las opiniones consultivas es la FGJEM, pues en más del 80% se violaron derechos (se cometieron detenciones arbitrarias e ilegales, tortura, extorsiones) y existe la plena presunción de fabricación de delitos por parte de ministerios públicos, policías y peritos.
No obstante, la Comisión Especial envió todos estos expedientes a la Codhem, sin solicitar la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, mientras el organismo defensor a su vez turnó los expedientes a las Visitadurías Regionales.
Pérez Espinoza anticipó que PIDH desconocerá a la titular de la Codhem, Myrna Araceli García Morón, en la emisión de las opiniones consultivas de sus 850 casos, “por presentar un conflicto de intereses al ser parte del grupo político que no instaló ni consolidó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y porque los solicitantes de amnistía somos víctimas de este grupo político por haber llevado a prisión a miles de falsos culpables a las prisiones del Estado de México”.
Para Presunción de Inocencia, la llegada de García Morón a la Codhem representa el regreso de los responsables de no haber instalado y consolidado este sistema, entre ellos el exgobernador Eruviel Ávila (quien la promovió como comisionada del Infoem y presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa); el exsecretario general de gobierno, José Manzur; el extitular del Poder Judicial, Sergio Medina Peñaloza; el fiscal Alejandro Gómez; y la Consejera Jurídica de Ávila Villegas, María de la Luz Zarza Delgado.
Por estos motivos, la asociación civil pidió garantía de audiencia con todos los integrantes de la Comisión Especial en Materia de Amnistía para exponer omisiones, deficiencias, y promover la expedición de nuevos lineamientos para que subsanen las deficiencias en materia de opiniones consultivas.
“Que se repongan los procedimientos de nuestras solicitudes de amnistía por la tardanza en la publicación de los lineamientos”, indicó.
Pérez Espinoza anticipó que, de no subsanarse estas deficiencias, Presunción de Inocencia recurrirá al amparo para conseguir que se repongan los lineamientos y se excuse García Morón para conocer de sus solicitudes, pues se puede anticipar que fue designada en el cargo para negar las opiniones consultivas requeridas en el procedimiento de liberación de falsos culpables.