El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) solicitó la intervención “inmediata y urgente” de la alta comisionada de los derechos humanos para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para hacer valer la Ley de Amnistía en México y, de manera particular, la del Estado de México que, desde su punto de vista, corre el riesgo de convertirse en letra muerta por diversos obstáculos burocráticos.
“Se han detectado obstáculos burocráticos innecesarios que impiden que las personas con escasos recursos opten por solicitar amnistía al no ser un proceso asequible”, afirmó el colectivo.
La misiva entregada por el “Zeferino Ladrillero” a la máxima tribuna internacional expone que la aplicación de la Ley está en peligro de convertirse en letra muerta, por criterios judiciales aplicados de manera incorrecta, “poco garante y distante de su espíritu legislativo”.
José Antonio Lara, abogado del organismo defensor de las garantías individuales recordó que el objetivo de la Ley federal de Amnistía —impulsada por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador— es “construir la justicia social y hacer valer los derechos de todas las personas, de manera particular de las más vulnerables, mientras la mexiquense pretende que recobren la libertad quienes fueron detenidos de manera injusta porque son inocentes, y sufrieron violaciones a os derechos humanos y al debido proceso.
“A pesar de que existen pronunciamientos por parte del organismo público defensor de derechos humanos local, donde se reconoce que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos y al debido proceso, los impartidores de justicia del Poder Judicial mexiquense criminalizan a las personas injustamente presas que son inocentes”, explicó.
El cofundador del CDHZL dijo que jueces y magistrados mexiquenses se niegan a robustecer el Poder Judicial acorde a los derechos humanos, tal y como lo perfila la reciente reforma que impulsa el ministro-presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Hay impartidores de justicia en México que carecen de los elementos básicos para interpretar, por ejemplo, que una persona indígena tiene una serie de garantías jurídicas por el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable en el país; en el mismo caso están menores de edad, personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres, entre otros grupos más”, expuso.
Lara Duque consideró que el Poder Judicial mexiquense, a cargo del magistrado Ricardo Sodi, está en franco desacato a la Ley de Amnistía, al impedir que personas injustamente presas obtengan la libertad, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la entidad reconociera violaciones serias al debido proceso en decenas de casos penales.
“Es urgente la intervención de la ONU y la de su alta comisión en la materia para hacer un llamado al Estado mexicano y hacer valer los alcances de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos del que México está suscrito”, enfatizó.
“La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, tiene que intervenir de manera inmediata y urgente para evitar que se sigan atropellando los derechos humanos de miles de personas privadas de su libertad de manera injusta, casos que ya han sido analizados y vinculados a través de la Comisión mexiquense”, añadió.