Durante 2023, además de contratar deuda por mil 500 millones de pesos, el gobernador Alfredo del Mazo fue autorizado por la Legislatura mexiquense para refinanciar, reestructurar o recontratar créditos u obligaciones de garantía o pago derivadas de operaciones crediticias inscritas en el Registro de Deuda Pública o de los Proyectos de Prestación de Servicios o programas multianuales con componentes financieros; es decir, podrá refinanciar el total de sus pasivos, que tan sólo en deuda pública rebasaban los 59 mil millones de pesos al primer trimestre de 2022.
La Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2023 dispone, en su artículo segundo, que el gobierno estatal, a través del titular del Ejecutivo del Estado, podrá contratar financiamiento neto (libre, sin contar el pago por asesorías, costos de contratación, tasas de interés, servicios financieros, y demás que impliquen el manejo de la deuda) por mil 500 millones de pesos, con la posibilidad de que se pueda cargar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los financiamientos o los fondos de reserva que se requieran, sin exceder del 0.15% del importe.
Conforme a la norma, este recurso debe destinarse a generar empleos en la entidad e impulsar la inversión pública productiva mediante infraestructura económica, conectividad aeroportuaria, infraestructura vial, obra pública, salud, transporte masivo, sistema de saneamiento y drenaje y proyectos de electrificación. La ley, sin embargo, no se acompaña del listado de acciones concretas y detalladas ni los montos que cada una representará.
Como fuente de pago (la partida de la que se tomarán los recursos para garantizar el pago) se ofrece el Fondo General de Participaciones afecto al patrimonio del Fideicomiso que se identifica actualmente bajo el número F/00105 y que administra CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, en su modalidad de institución fiduciaria, y/o el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
El o los financiamientos podrán ser contratados por un plazo de hasta 25 años –por más de cuatro administraciones consecutivas-, contados a partir de la primera disposición de recursos o de cada colocación de los valores derivados de los financiamientos bursátiles, según corresponda, o su equivalente en Unidades de Inversión, al momento de la celebración del o de los instrumentos correspondientes.
Además, “siempre y cuando las condiciones del mercado lo permitan, el Gobierno del Estado de México… podrá refinanciar, reestructurar o recontratar créditos u obligaciones de garantía o pago derivadas de operaciones crediticias inscritas en el Registro de Deuda Pública o de los Proyectos de Prestación de Servicios o programas multianuales con componentes financieros, informando a la Legislatura Local de los ahorros y beneficios que se espera obtener, sin que dicha reestructuración compute para el techo de endeudamiento”.
Al cierre del primer trimestre de 2022, el monto de la deuda del Estado de México registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya era de 59 mil 130 millones de pesos, sin contar las cantidades comprometidas cada año para el pago de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) ni los programas multianuales con componentes financieros, como las Asociaciones Público Privadas (APP), por lo que todos estos recursos podrán ser reestructurados.
A cambio, el Gobierno estatal solo estará obligado a remitir a la Legislatura un reporte trimestral en que se especifique la información que comprenda los pagos realizados por concepto de financiamiento de inversión pública productiva y el porcentaje que represente el monto de la emisión y colocación de valores que estén destinados a circular en el mercado de valores, durante el período correspondiente.