El Estado de México por su densidad poblacional ha sido una de las entidades con el mayor número delitos en el país, sin embargo, desde hace algunos años se ha comenzado la visibilización de diferentes crímenes contra grupos de alta vulnerabilidad como lo son menores, adultos mayores, mujeres y comunidades de diversidad sexual.
De acuerdo con la investigadora Rosa María Jiménez Pola, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en América Latina, el promedio de vida de una persona trans es 35 años, siendo el homicidio la principal causa de muerte hasta 2015, pues México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia.
Investigaciones realizadas sobre este tema muestran un fuerte rechazo social y cultural a la diversidad sexual en el país, principalmente en las zonas urbanas, pues existen comunidades indígenas que aceptan y respetan la diversidad sexual sin tener un contexto de violencia, situación opuesta a lo que se registra en zonas conurbadas o de alta densidad poblacional.
Debido a esta condición el Estado de México se encuentra en el punto principal de esta problemática, y que, de acuerdo con estimaciones de grupos de diversidad sexual, se han cometido 160 asesinatos de odio en el territorio mexiquense durante los últimos 10 años, mientras que en el resto del país se contabilizan solo 90 casos.
Al respecto la investigadora señala que es una condición multifactorial, principalmente basada en la diferencia entre individuos, influencias religiosas y sociales, pero que hasta el momento funcionan bajo un manto de complicidad con el estado de derecho, pues se han generado leyes para evitar la discriminación y sancionar a las personas que transgreden estas condiciones, sin embargo, no se aplican.
“Es lo que pasa claramente en el Estado de México, existen las condiciones sociales para que las leyes de respeto a los derechos civiles y la protección penal contra grupos vulnerables se aplique, pero no existe una voluntad para visibilizar esta problemática social, porque se les considera personas políticamente incorrectas, lo que los convierte en un grupo vulnerable en su totalidad”, comentó.
Esta situación ha provocado que existan zonas de alta peligrosidad para los individuos de sexualidad diversa, ya que en su mayoría acceden a trabajos de bajo estatus social y poca remuneración económica, debido a diferentes estigmas que pesan sobre estos grupos en los ambientes de trabajo.
Rosa María Jiménez señala que de acuerdo con un reporte sobre la violencia en la comunidad LGBTI en América realizado por la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos, muchos de los ataques violentos cometidos contra personas LGBTI son particularmente crueles y se caracterizan por tener altos niveles de violencia, mucho más altos que en otros crímenes de odio, como ocurre en los casos de feminicidio, ya que se tienen circunstancias similares.
“Se consideran crímenes de odio, aquellos que son motivados por el odio que el perpetrador siente hacia una o más características de una víctima, que la identifican como perteneciente a un grupo social específico”, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, a pesar de los reclamos de diferentes organizaciones y de las recomendaciones a nivel internacional que se han registrado sobre estos temas, hasta el momento no se ha logrado establecer la aplicación de un marco jurídico que sustente los derechos de estos grupos.