En los últimos años, al menos 100 mil millones de pesos de inversión privada se vieron afectados de manera directa o indirecta por problemas regulatorios en el Estado de México, llevando a un decrecimiento económico sostenido y al aumento del desempleo.
Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Estado de México (CCEM), lamentó que la entidad no logre alcanzar por lo menos 3 mil millones de dólares anuales de Inversión Extranjera Directa, debido a la falta de certeza jurídica que ha ahuyentado a las empresas, por lo que destacó la importancia de reformar el marco regulatorio existente, pues de no ser así, se imposibilita la creación de nuevos empleos que dificultará aún más la recuperación económica, ante la agudización de la crisis por el impacto de la emergencia sanitaria del COVID-19.
“Se deben lograr soluciones equilibradas, que partan del diálogo para fortalecer a la entidad como líder económico a nivel nacional, pero sobre todo, para alcanzar los niveles de bienestar que la sociedad requiere”, dijo.
A pesar de la aprobación en comisiones legislativas a la modificación de la Ley de Factibilidad, lamentó que algunas fracciones parlamentarias se abstuvieran de votar ante la importancia que tiene el tema frente a la crisis económica y laboral, y a pesar de que el empresariado les ha externado sus necesidades.
“No se trata tan sólo de abordar un tema de simplificación administrativa y corrupción, se trata de lograr un impulso decidido a la inversión y al desarrollo económico que genere empleos, bienestar y estabilidad social”, concluyó.