La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y la Asociación de Abogados del Pueblo (AMAP) Guerrero exigieron la liberación inmediata de las Personas Privadas de su Libertad (PPLs) por motivos políticos, de discriminación y falsos culpables, como una medida de justicia frente al COVID-19.
Lo anterior engloba a quienes fueron detenidos por su condición socioeconómica, origen étnico, pensamiento y participación política (presos políticos), identidad de género o cualquier asimetría con el poder que lo ponga en desventaja, y a quien haya sido víctima de fabricación de delitos.
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"Queremos una #AmnistiaQueSirva en el Estado de México", apuntó el Centro Zeferino Ladrillero, a través de la firma de Fabiola Vite, en su calidad de coordinadora general, en un documento conjunto dirigido a la opinión pública, a los familiares de las PPLs y a las autoridades federales y estatales.
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Las ONGs también conminaron a las Legislaturas locales a crear sus Leyes de Amnistía y armonizarlas con parámetros internacionales, como las reglas Nelson Mandela, las recomendaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a implementar todas las medidas para liberar a las víctimas de fabricación de delitos. De igual manera, solicitaron a la sociedad civil involucrarse en la discusión y creación de las leyes de amnistía, y a los diputados considerar mesas de trabajo en las que esta participe para que se pueda incidir en la libertad de las personas injustamente presas.
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Como integrantes de la campaña internacional por la libertad de los presos políticos, demandaron la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas y presos de conciencia, en particular de Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Bahena, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur; de los policías comunitarios Adelaida Hernández Nava y Eliseo Villar Castillo; y de Bernardo Javier Cabrera Moreno; además de Luis Salvador Escartín González, Rafael Martínez Cortés, José César Bravo Mejía, los hermanos Jessica y José de Jesús Vázquez Fonseca; Aracely Cinthya Cantú Muñoz; los hermanos Sergio y Efrén Méndez Martínez; Joel Mendieta Jiménez, Abrahán Christopher Arellano Ray, Gildardo Díaz Pérez, Baldo Santana Alonso, Salvador Aguirre Cruz, Erasto Hurtado Arias, Gerónimo Hernández Refugio, y de los presos de las plataformas #HazValerMiLibertad e #InjustamentePresos.
Finalmente, pidieron sancionar a los responsables de delitos de lesa humanidad y que no se permita su impunidad.