El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) demandó triplicar los recursos para el Programa de Apoyo al Desempleo, en virtud de que 120 000 mexiquenses que perdieron su trabajo por causa de la emergencia sanitaria del COVID-19 fueron descartados.
El diputado José Antonio García expuso que, con 150 millones de pesos para 50 000 afectados, dos de cada tres mexiquenses desempleados no podrán acceder a este beneficio, pues “de acuerdo con diversos organismos empresariales, en la entidad mexiquense se han perdido hasta 170 000 fuentes de empleo, de las cuales 58 000 eran empleos formales”.
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Consideró que los 3 000 pesos para 50 000 trabajadores formales e informales son un recurso insuficiente para apoyar a todos los ciudadanos que perdieron su empleo, pues el monto invertido indica que 2 de cada 3 mexiquenses desempleados, no serán apoyados por este programa”; por lo tanto, García llamó al gobernador Alfredo del Mazo para que, a través de las Secretarías de Finanzas y del Trabajo, se tripliquen los recursos y, con ellos, el número de beneficiarios del Programa de Apoyo al Desempleo, “a fin de apoyar a más personas que perdieron su trabajo y no pudieron registrarse en el programa”. Alertó que de no hacerlo, corren el riesgo de caer en situación de pobreza y de sumarse a los más de 7 millones de mexiquenses en esa condición.
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El legislador panista indicó que “miles de mexiquenses no se enteraron del programa debido a la nula difusión que se le dio a la convocatoria, la cual sólo duró 20 horas en el portal de internet de la Secretaría del Trabajo. Además, indicó que muchos de los ciudadanos que sí se enteraron, no pudieron registrarse en la plataforma electrónica, ya que la página “tenía inconsistencias, de acuerdo con los comentarios de muchos usuarios que intentaron registrarse”.
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El también miembro de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social lamentó que el programa haya sido implementado por mecanismos diferentes a los de la Ley del Seguro de Desempleo para el Estado de México, y consideró que “de no ampliarse los recursos y beneficiarios, se buscarán los mecanismos mediante reformas legislativas para obligar al Ejecutivo estatal a poner en marcha esta ley y los beneficios que conlleva”.