A propuesta de Morena se plantó en la Legislatura mexiquense tipificar como delitos graves que requieran prisión preventiva oficiosa el cohecho, abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, al considerar que, en el Estado de México, la entidad más corrupta y con mayor impunidad del país, las penas son endebles para los funcionarios que incurren en corrupción.
La propuesta de la diputada Azucena Cisneros plantea reformar el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, debido a que el país se ubica en el lugar 123 de 176 del Índice de Percepción de la Corrupción, y es considerado uno de las peores opciones para hacer negocios; bajar más en dicha percepción, alertó la legisladora, colocaría a México al nivel de Afganistán o Somalia.
“Un hecho lamentable es que en nuestro país la corrupción se ha posicionado como uno de los principales problemas y que está aparejado con un alto grado de impunidad. Datos de la Auditoría Superior de la Federación demuestran que tan sólo el 2% de los delitos de corrupción son castigados, peor aún, es saber que entre los que se castigan casi nunca se incluyen los cometidos por altos mandos”, externó.
La corrupción, lamentó Cisneros, genera enormes pérdidas en materia económica, socava la confianza en las instituciones y nulifica el desarrollo económico y social.
“Un acto de corrupción se materializa cuando un policía acepta una mordida, cuando un ciudadano se pasa el alto de un semáforo, cuando un funcionario acepta sobornos para apresurar un trámite, o cuando se benefician de descomunales desvíos del erario público”, expuso.
Por ello, Cisneros consideró necesario que los responsables de desvío de recursos públicos sean castigados de tal manera que deba surgir una nueva generación de funcionarios jóvenes con capacidad y preparación académica, con sentido de responsabilidad, ética y amor al país.
En mayo de 2017, recordó, el Estado de México se adhirió a la lucha en contra de este flagelo, creó la Ley del Sistema Anticorrupción estatal, pero el catálogo de delitos graves no sufrió actualización, de tal manera que el nuevo marco jurídico dio lugar a la permisividad para que cualquier funcionario realice conductas atípicas, antijurídicas, culpables y punibles, debido a que las penas no son lo suficientemente coercitivas para hacer un cambio profundo.
Para inhibir las conductas delictivas de servidores públicos, enfatizó, deben considerarse delitos graves el ejercicio abusivo de funciones y el de enriquecimiento ilícito y ordenarse la prisión preventiva oficiosa para estos casos.
De igual manera, plantea que los procedimientos administrativos o de responsabilidades iniciados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por los órganos de control interno estatal o municipales, y los sustanciados en materia jurisdiccional administrativa que se inicien a partir de la entrada en vigor del decreto, implicarán la obligación de informar, comunicar o iniciar denuncia, conforme a las normas aplicables, respecto los posibles delitos que se desprendan.
La morenista anticipó que esta iniciativa, remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen, será la primera de una serie de propuestas cuyo propósito será reencaminar la finalidad por la que fueron creados los sistemas anticorrupción en todos los niveles de gobierno, pues la entidad es considerada dentro de todos los estudios y estadísticas como uno de los estados más corruptos, violentos y en donde prevalece la impunidad.