Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso mexiquense, confió en que en un promedio de un mes quedará definido el destino del auditor superior Fernando Baz, y anticipó la necesidad de reestructurar a fondo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), para erradicar vicios y garantizar la correcta revisión de los recursos públicos.
El además coordinador del grupo parlamentario de Morena indicó que este martes será remitido al pleno el dictamen avalado el miércoles pasado (con la ausencia de los diputados del PRI, PAN y PRD) por la Comisión de Vigilancia del OSFEM sobre las Cuentas Públicas 2017.
En su resolutivo octavo, el dictamen establece, con base en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización, solicitar a la Jucopo (la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México otorgan a los coordinadores voto ponderado) el inicio del proceso de remoción del auditor.
El documento debe ser ratificado por el pleno, lo que espera ocurra al menos por mayoría; después, la Jucopo dará derecho de audiencia a Baz Ferreira, señalado de omisión en el cumplimiento de su responsabilidad y parcialidad en la revisión y fiscalización del erario.
Hernández González indicó que, de existir elementos, necesariamente debe proponerse en el pleno la remoción, donde por mayoría calificada se definirá el destino del funcionario parlamentario, en no más de un mes; y entonces se procederá a la emisión de una convocatoria si la destitución se concreta.
En la actualidad, los otrora integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia apenas reúnen los votos requeridos para la mayoría calificada: 50 de 75. Morena se quedó con 36 diputados, tras perder dos; el Partido del Trabajo (PT) tiene ocho (perdió una, pero recuperó otra); Encuentro Social cuenta con dos; y cuatro se declararon independientes.
El morenista reconoció que ya es muy complicado pensar en que Fernando Baz se quede para concluir el periodo para el que fue ratificado, si bien podrá acudir a las instancias que considere competentes para impugnar la determinación, “pero lo que tiene que ver con la decisión de la Legislatura, creemos que es una decisión ya irreversible”.
De manera personal, por sanidad, se pronunció en favor de una reestructuración a fondo del OSFEM, pues desde su punto de vista el organismo cuenta con los recursos y el personal suficiente (300 auditores) para cumplir con eficacia su tarea. El propósito es, insistió, realizar una limpia total.