El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Sergio Medina Peñaloza, aseguró que en la entidad no existen presos políticos, pese a que fueron liberados activistas de Tlanixco y Salazar considerados como tal en lo que va del año.
En lo que respecta a José Humbertus Pérez Espinoza, a quien se le considera preso de conciencia por el trabajo de activismo social que lleva a cabo el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, aseguró que el PJE sigue la misma línea como lo hace con cada uno de sus procesados, desahogando pruebas y con total apego a Derecho.
Actualmente, Pérez Espinoza se encuentra recluido en el penal de Chiconautla, ubicado en el municipio de Ecatepec, por las causas penales 161/2018 (por robo a casa-habitación con modificativa de haberse cometido con violencia) y 372/2018 (por extorsión) desde noviembre del 2015.
“Será cuestión de que lo resuelva el juez, simplemente estoy enterado de que los abogados están realizando las acciones legales pertinentes para seguir adelante con los procesos, hay varios amparos que estamos en espera de que se resuelvan, que camine”.
Tras la liberación de los presos de Tlanixco y Salazar, el magistrado presidente aseguró que, desde su punto de vista, no existen presos políticos, sino que se sigue el debido proceso con cada uno de los acusados de un delito en tierras mexiquenses.
“Para nosotros no hay absolutamente ninguno, de hecho, hay consignaciones que hace la Fiscalía (General de Justicia del Estado de México) de unas personas y lo que hacemos nosotros es abrir la etapa probatoria, cada uno que plantee sus argumentos, sus alegatos y las pruebas respectivas”.
Aseguró que el Poder Judicial resuelve de manera imparcial el asunto de cualquier personas que es consignada.
“El caso de Humbertus es un asunto más que requiere la misma atención que un asunto de menores, que un asunto de adopciones. No hay errores, hay apreciaciones distintas en algunos casos, depende mucho de la forma en la que se realizan las acusaciones y cómo se mantienen”.
Cabe recordar que, en marzo de este año, el Congreso local exigió retirar o sobreseer las dos denuncias penales, aún vigentes, en contra del activista, a quien el Comité Cerezo considera preso de conciencia debido a su lucha contra los fraudes inmobiliarios.