El diputado local Gerardo Ulloa demandó garantizar la aplicación de protocolos sanitarios en los penales mexiquenses, dotar equipo de protección al personal para evitar la propagación del COVID-19, y transparentar las cifras de decesos, contagios y casos sospechosos, tras la muerte de varios internos, trabajadores y un médico penitenciario a causa del coronavirus.
De igual manera, el legislador morenista, y secretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en la Legislatura mexiquense, destacó la necesidad de indagar las presuntas omisiones que favorecieron la propagación del virus en las 22 cárceles estatales. Ulloa Pérez advirtió que la corrupción abrió las puertas de los centros de reclusión mexiquenses al COVID-19, pues a pesar del acceso limitado a personas y objetos externos a ellos, el cerco se rompió sin haberse tomado medidas preventivas para evitar el ingreso del coronavirus, provocando un brote de la enfermedad que ya cobró vidas humanas.
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Expuso que “la sobrepoblación, hacinamiento y precarias condiciones de higiene que las personas privadas de la libertad enfrentan dentro del sistema carcelario mexiquense, provoca que las cárceles sean el caldo de cultivo para el contagio del coronavirus". El legislador recordó que la infraestructura carcelaria del Estado de México está diseñada para albergar a 13 000 personas privadas de la libertad, y actualmente hay en reclusión más de 31 000 hombres y mujeres, lo que evidentemente no contribuye a guardar la sana distancia.
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Gerardo Ulloa hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de la cual depende el sistema carcelario, para dotar con equipos de bioseguridad al personal médico que atiende a las personas privadas de la libertad, como guantes, cubrebocas, goggles y trajes tipo Tyvex.
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Información oficial de la Secretaría de Seguridad estatal reconoce que 77 personas privadas de la libertad son mantenidas en aislamiento por presentar síntomas de COVID-19, y solamente 3 fallecimientos por esa causa. No obstante, Ulloa advirtió que esos datos son parciales, pues solamente en el Centro de Prevención y Reinserción Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, se tiene constancia de cuatro fallecimientos por esa causa, entre personal e internos.
En Chiconautla, ya se hablaba de las muertes de las muertes de Gonzalo y Junior. En éste entendido, Ulloa Pérez exhortó a la secretaria Maribel Cervantes Guerrero a transparentar el padrón de personas privadas de la libertad afectadas por COVID-19, incluyendo al personal de guardia y custodia, médicos, enfermeras y administrativos infectados, a quienes exigió brindar los servicios médicos especializados que se requieren para enfrentar la enfermedad y prevenir más decesos.
Además, Gerardo Ulloa llamó a la Inspección General de la propia Secretaría de Seguridad estatal y a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de México, a realizar una investigación a fondo sobre presuntos actos de corrupción y omisiones que contribuyeron al ingreso y propagación del coronavirus SARS-CoV-2 al sistema carcelario mexiquense, para identificar responsables y tomar medidas al respecto.