La Legislatura mexiquense analiza elevar a rango constitucional el derecho humano de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia, a propuesta de la priísta Paola Jiménez.
Durante la discusión en comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y para la Igualdad de Género, la morenista Beatriz García propuso incorporar la obligación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los 125 ayuntamientos y de todas las autoridades a garantizar una vida libre de violencia machista y patriarcal, a fin de que esta reforma no quede en letra muerta, y que su incumplimiento también se considere una violación a los derechos humanos.
Sus correligionarios Alicia Mercado y Faustino de la Cruz expusieron que esta acción debe acompañarse de la atención al síndrome del maltrato infantil, y de políticas públicas y presupuesto suficientes para garantizar su operatividad.
La también morenista Anais Burgos consideró que las políticas públicas para proteger a mujeres y niñas ha sido un fracaso, pues la violencia se ha incrementado en la entidad.
El Estado de México, refirió, ocupa el segundo lugar nacional en llamadas al 911 por violencia doméstica, con mil 674; es primera en feminicidios, con 58 entre 2019 y 2021, mientras en la pandemia se reportaron 310 homicidios dolosos y 9 mil 605 lesiones contra niñas, niños y adolescentes, y en el primer trimestre de 2022 se han denunciado 539 denuncias por violencia infantil.
Su compañera Carmen de la Rosa expuso que una vida libre de violencia debe ser obligación de los poderes públicos y autoridades.
Las panistas Miriam Escalona e Ingrid Schemelensky consideraron fundamental la modificación, en virtud de que la mujer es violentada en sus derechos humanos, en su hogar, en su trabajo y en las calles, mientras la perredista Elida Castelán consideró que la iniciativa es una oportunidad para abatir los índices de violencia en la entidad y el país.
La reforma a la Constitución Política estatal pretende garantizar la instrumentación de acciones objetivas, políticas públicas y estrategias que contribuyan a la igualdad jurídica, la no discriminación, y a erradicar todo tipo de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres.
Jiménez Hernández, presidenta de las comisiones unidas y autora de la iniciativa, expuso que la modificación armonizará la Constitución Política local con la federal y, sobre todo, con los convenios y tratados internacionales que reconocen el derecho humano a una vida libre de violencia, y con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocido como Convención de Belém Do Pará.
La activista Yndira Sandoval destacó que la incorporación a la Constitución local del derecho de todos y todas a vivir libre de violencia y el derecho humano de las mujeres y de las niñas a transitar y a vivir libre de violencia, tutelará la dignidad humana.
Por eso, llamó a los legisladores a hacer suyo lo señalado en la Convención de Belém Do Pará, reflejarlo en la Constitución Política estatal y acompañarlo de presupuesto suficiente, pues no hacerlo es tanto como ignorar la emergencia nacional que representa que la sola condición de niñas y mujeres las mantiene en una situación insostenible de violencia.