La denominada promotora para la suspensión del pago de la deuda pública inició su campaña de recolección de firmas en todo el país, en busca de que México no pague durante dos años el pago por el servicio del empréstito, para que en ese plazo sea reestructurada y se implemente un programa emergente contra la crisis económica.
El diputado Max Correa, uno de los organizadores, indicó que un año del pago de servicio de la deuda pública del país –el manejo de la deuda-, que es el que se busca suspender, representa tres años del presupuesto del Estado de México: este año, por este concepto, se pagarán 869 mil millones, pero en 2023 será un billón de pesos.
“Debido a esta gran deuda, en 2022 México pagará por servicios de la deuda intereses y comisiones más de 869 mil millones de pesos, y en 2023 el pago será de más de un millón de millones de pesos”, manifestó.
Correa Hernández planteó que, además, un año del pago de servicio de la deuda del país equivale a tres años del presupuesto que en 2022 el Gobierno Federal destina al campo mexicano.
“Estás enormes cantidades superan por mucho el monto de todos los actuales programas sociales y prioritarios del gobierno y los presupuestos para salud y educación, sangrando las ya de por sí débiles finanzas nacionales, mientras que en contrapartida se acumulan y concentran las inmensas ganancias de los bancos multinacionales y nacionales privados”, señaló.
Conforme a la propuesta de la promotora, los recursos derivados de la suspensión del pago del servicio de deuda se deben aplicar a la creación de fuentes de trabajo permanentes, a la atención integral de la infancia, salud, educación; abasto seguro de agua, electricidad y gas para los hogares, producción de alimentos, programas de apoyo al campo, y a las mujeres y pueblos originarios.
Correa Hernández, también dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), reiteró que la campaña responde a la preocupación por la enorme deuda pública heredada de los gobiernos anteriores que supera actualmente los 13 millones de millones de pesos (13 billones de pesos), casi el doble del presupuesto público para el año 2022, cantidad que se incrementará con el alza de tasas de interés impuestas por la inflación.
La campaña además pretende que el Gobierno Federal decrete la creación de una Comisión Auditora Ciudadana para conocer en qué se usaron los créditos contraídos y averigue qué deudas son legítimas o inmorales.
Desde el punto de vista del legislador, es necesario que el Gobierno de México cancele de inmediato la deuda del Fobaproa/IPAB, precisamente por considerarla ilegítima y un robo descarado.