El Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo en el Estado de México con residencia en Naucalpan decretó la suspensión de la construcción de dos torres de departamentos que albergarían más de mil viviendas en el sitio conocido como “El Cerrito”, última área verde del fraccionamiento Lomas Verdes de ese municipio.
El diputado local Max Correa consideró que la determinación que falla contra el desarrollo inmobiliario Terralago es un triunfo de la ciudadanía organizada y sienta un precedente nacional para proteger el medio ambiente.
Recordó que en 2023, el gobierno panista de Naucalpan, encabezado por la alcaldesa Angélica Moya, permitió a la empresa Fortem Capital iniciar el desarrollo inmobiliario Terralago frente a la contaminada Presa Madín, zona donde escasea el agua y que enfrenta uno de los más altos índices de densidad de población.
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El Presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos en la Legislatura del Estado de México aplaudió el fallo judicial que atendió la exigencia de los vecinos, y detalló que el amparo también fue firmado por niños y niñas vecinos del lugar.
“La Juez Cuarto de Distrito atendió las denuncias bajo el principio jurídico in dubio pro natura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual es aplicado cuando hay coalición de derechos entre particulares y busca que prevalezca el Derecho de la Naturaleza y un ambiente sano para la población”, señaló.
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Correa Hernández explicó que el abogado promovente además tuvo como argumento la reforma constitucional que se concretó en el Estado de México en mayo pasado para que la naturaleza sea sujeta de derechos, al igual que la biodiversidad que se alberga en el ecosistema de la Presa Madín, donde habitan especies endémicas.
Recordó que no solo existe esa ley para defender el medioambiente, “también tenemos el compromiso de campaña de la gobernadora Delfina Gómez que reconoce en su plataforma política a la naturaleza como sujeto de derechos”.
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El morenista se dijo convencido de que la sociedad seguirá haciendo, cada vez más y mejor, el uso del derecho en defensa del medio ambiente, “porque con estos principios que la SCJN utiliza para dirimir juicios, marca un precedente que el Estado Mexicano está obligado aplicar, como el Acuerdo de Escazú y la Reforma para los Derechos de la Naturaleza”.
El legislador confió en que prevalezca la exigencia social para impedir que la mafia inmobiliaria mueva sus influencias en busca de concluir la construcción de las torres de departamentos.
Finalmente, el además activista social por los derechos de la naturaleza llamó a la gobernadora Delfina Gómez a brindar protección a los promoventes del amparo, “porque en México se criminaliza a los defensores de la naturaleza o se les violenta privándolos de la vida”.