Diputados locales cuestionaron al secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, sobre el alto endeudamiento estatal y los recursos remitidos a los municipios, al considerar que “la buena reputación con calificadores no se reflejan en mejoras de servicios, obras y acciones públicos”.
En turno, Rigoberto Vargas, coordinador de Nueva Alianza (NAEM), sugirió que la austeridad no se percibe en una Secretaría de Finanzas que, como dependencia, cuenta con 408 unidades administrativas, una secretaría, ocho subsecretarías, 28 direcciones generales, 63 direcciones de área, 118 subdirectores y 191 departamentos, y reclamó que este año se hayan presupuestado 364 millones de pesos en renta de mobiliario y equipo para ceremonias oficiales, en lugar de destinar los recursos para atender demandas primordiales de los mexiquenses.
Martín Zepeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), lamentó que, como históricamente los gobiernos, la administración estatal recurra al endeudamiento como salida fácil, poniendo en riesgo las finanzas públicas futuras, mientras la petista Trinidad Franco lamentó que no fuera activado el seguro de desempleo durante la pandemia.
La morenista Mónica Álvarez consideró que, en medida por la opacidad en el manejo de los recursos públicos y el aumento de la deuda, los ciudadanos han colocado al gobernador Alfredo del Mazo en los últimos lugares de aprobación nacional.
Indicó que registros de la Secretaría de Hacienda (SHCP) revela que el gobierno estatal ya contrató parte de los 8 mil 600 millones de pesos de la deuda autorizada para este año, algunos en pasivos a 20 años y otros en plazos de 164 días; el portal estatal, dijo, revela que las deudas fueron contratadas por falta de liquidez.
Y cuestionó si las contrataciones, en el primer trimestre del año y a corto plazo, tuvieron fines electorales, cuánto se paga en intereses –pues son más caros las de los de corto plazo- y el uso y destino de los recursos.
También preguntó sobre el destino de casi 5 mil millones de pesos de los 6 mil 595 millones del Fondo General de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, pues sólo se reporta la ministración de mil 612 millones.
Su correligionario Faustino de la Cruz indicó que no se puede prender incienso cuando el pueblo se siente lastimado por la ausencia de gobierno.
Recordó que de las 32 entidades federativas, el Estado de México es el que recibe más recursos de la Federación: 97 mil millones del Fondo General y más de cien mil millones en participaciones, por lo que cuestionó lo que se hace con tanto dinero, la mayoría no etiquetado.
Lamentó que el robo de vehículos sigue al alza, a pesar de que uno de los argumentos para poner en marcha el reemplacamiento fue el aumento de seguridad, y que ésta medida no amplíe la base recaudatoria, sino represente una carga más a la misma base contribuyente; también consideró que no “cuadra” la recaudación por este concepto por 3 mil 600 millones mediante 6 millones de trámites, cuando los usuarios denuncian que además no hay sistema de citas y la página de internet es lenta.
“¿De qué sirve tanto dinero, si no se mantienen los caminos del sur, se mejoran los espacios educativos, faltan hospitales? La buena reputación con las calificadoras no se reflejan en mejoras de servicios públicos”, señaló.
Por su parte, Jaque Lira afirmó que la administración actual ha hecho más con menos, producto de los recortes en participaciones por la pandemia, e insistió en la mejora en la calificación crediticia para el gobierno estatal por el buen manejo de la deuda pública.
Justificó que el seguro de desempleo no se activó por su complejidad normativa, lo que habría implicado esperar cifras para respaldar la caída del PIB y la reducción significativa de empleos por varios meses; “no podíamos esperar, la respuesta no hubiera estado a tiempo, hay que perfeccionar la legislación, necesitamos que –el seguro- entre en el momento indicado”.
Afirmó que para agosto ya se había revertido la caída de 33 mil empleos formales, y para hoy ya son 50 mil, y aseguró que los apoyos se entregaron a quienes más los necesitaron.
Aseguró que no se ha utilizado un sólo peso de los 2 mil 500 millones de pesos contratados en créditos de corto plazo, pues su objetivo es preventivo, para atender una eventual caída de recaudación o participaciones. La deuda de largo plazo, expuso, es para obras de inversión pública productiva, proyectos que se construyen de la mano del gobierno federal, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el trolebús Chalco-Santa Martha, entre otras de infraestructura hidráulica y vialidad.
Dijo que ya se usaron los cien millones de pesos del Fondo de Desastres de este año, pues 106 millones se han utilizado para atender las afectaciones por las lluvias de esta temporada.
Indicó que tres requisitos para acceder al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) se eliminaron y se amplió el plazo para tramitarlo, de tal manera que es más sencillo acceder a los recursos; este año lleva un avance de 75% a 97 ayuntamientos. El problema, dijo, es que sólo recaudan 5 mil millones en predial y su potencial es de 12 mil millones.
Aseveró que todo el recurso federal se encuentra etiquetado, y 165 mil millones son para nómina, de sectores como el de Educación y Salud.