El Juzgado de control con sede en el penal de Barrientos, Tlalnepantla, difirió para el 4 de noviembre la audiencia de imputación por la causa penal 1370/2021 contra Paulo Díez Gargari , abogado de la empresa Infraiber, por la toma simbólica del Viaducto Elevado Bicentenario el año pasado, y ordenó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) entregarle copia de la carpeta de investigación.
“Lo dicho. ¡Estos malos delincuentes hicieron un papelón! Y lo que les falta. El juez pospuso la audiencia para el 4 de noviembre y ordenó que la @FiscaliaEdomex me entregue copia completa de la carpeta de investigación”, informó el litigante a través de su cuenta de Twitter.
Lo dicho. ¡Estos malos delincuentes hicieron un papelón! Y lo que les falta. El juez pospuso la audiencia para el 4 de noviembre y ordenó que la @FiscaliaEdomex me entregue copia completa de la carpeta de investigación. #RecuperemosElViaducto
— Paulo Díez Gargari (@PDiezG) October 12, 2021
En entrevista, Díez Gargari indicó que la denuncia promovida por Viaducto Bicentenario, a través de su apoderado Daniel Chávez Muñoz, le atribuye ataque a las vías de comunicación –supuestamente cometido el 30 de septiembre de 2020 al obstaculizar la vía concesionada a OHL-, ultrajes –por ofender y despreciar al gobierno del Estado de México, a su policía y a su gobernador-, provocación de un delito, apología del delito y extorsión.
No obstante, insistió en que fue la propia empresa la que cerró la autopista, e indicó que cuenta con fotografías y tres horas de grabación de la toma simbólica.
“Éramos unas 50 personas, nosotros no tomamos ni la pluma; nuestro comportamiento fue ejemplar, pacífico, respetuoso, civilizado, nos metimos a una bahía que hay del lado izquierdo; de hecho, ni siquiera había vehículos, no pasaban porque la concesionaria ya había cerrado”, explicó.
Anticipó, de igual manera, que promoverá una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Alejandro Gómez, titular de la FGJEM, de su vicefiscal Germán García Beltrán, y de quien resulte responsable por presuntos delitos contra la administración de justicia por la fabricación de la carpeta en su contra.
Recordó que desde el primer citatorio girado en agosto pasado, cuya audiencia se canceló, había solicitado a la Fiscalía acceso a la carpeta para conocer los hechos que se le imputan y preparar su defensa, pero le fue entregada sólo por mandato del juez este martes.
Sin embargo, debido a que al menos consta de 600 fojas, se pidió al juzgador posponer la diligencia para revisar los documentos. Además solicitó verificar que el expediente fuera el que obra en poder del Ministerio Público (MP).
El juez declaró receso para realizar la revisión, “pero a la mitad el representante de la Fiscalía se acercó, me pidió la carpeta original y sustrajo algunos documentos, entre ellos unos en papel membretado con las iniciales AGPRyC, que son las de la firma Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá”, expuso.
Díez Gargari planteó al juez que detrás de la acusación se encuentra Alejandro Robledo Carretero, integrante de este despacho, quien hace muchos años trabajó en una subprocuraduría de Justicia del Distrito Federal a cargo de su socio Víctor Carrancá, donde además tuvo como subalterno al actual vicefiscal del Estado de México, Germán García Beltrán.
Este señalamiento, indicó, no fue negado por el representante de la Fiscalía, quien solo justificó que los documentos eran personales y no debían estar en la capeta.
“Tengo elementos de prueba para acreditar que esto fue armado por Robledo Carretero dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde fue subsecretario hasta agosto o septiembre del año pasado”, manifestó.
Díez Gargari adelantó, de igual manera, que denunciará a Robledo Carretero ante la Secretaría de la Función Pública porque la ley le prohíbe litigar sobre temas que estaban bajo su control como funcionario público.
“En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conocía sobre el acto de recuperación, e hizo que se contratara a su despacho, con lo que viola la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos porque se está beneficiando de un cargo para que se le contrate”, señaló.
Finalmente, dijo esperar que los diputados locales, dos de los cuales le acompañaron en la toma simbólica (los morenistas Faustino de la Cruz y Max Correa), pidan una explicación a Gómez Sánchez durante la comparecencia que tendrá este jueves ante la Legislatura local por la glosa del informe de gobierno.