Por el cobro de 12 pesos de tarifa mínima sin el respaldo de la pirámide tarifaria correspondiente, la Secretaría de Movilidad recibió al menos 150 denuncias durante el mes de enero, reconoció su titular, Raymundo Martínez, quien afirmó que todas las quejas fueron atendidas.
También expuso que desde esa dependencia ya se combate un amparo colectivo entablado por la sociedad civil organizada en contra del ajuste de 20%, aunque, desde su punto de vista, no se actualiza la litis (el motivo de la disputa jurídica) del recurso que se centra en violentar el derecho a la movilidad.
Al ser cuestionado sobre el número de supervisores instaurados por la dependencia para verificar que los transportistas sin pirámide tarifaria en enero no cobraran el ajuste, Martínez Carbajal no supo precisar.
“Me metiste gol, pero sí debemos tener muchos, los canalizamos hacia donde los necesitamos, sin son necesarios cien, cien, si son más, más”, dijo.
El secretario precisó que después de la reunión sostenida con diputados del grupo parlamentario de Morena se acordó establecer una mesa de diálogo abierta en la que quepa el análisis de todas las posibilidades, la presentación de informes trimestrales y la integración de una comisión tarifaria.
“Lo bueno es que el sector se ha visibilizado como un área transversal que requiere de la intervención de todos, no se trata del tema que tiene que resolver un solo hombre. Efectivamente, si hay disposición se puede, para dialogar, platicar, buscar alternativas, construir estrategias, fortalecer la política pública, y dar al usuario lo que nos pide a gritos: un sistema seguro, confortable, que responda a sus necesidades”, manifestó.
Dijo que se puede analizar la propuesta de subsidio a los transportistas planteada por Morena a través de una iniciativa que también establece la obligación de cobrar la mitad del pasaje a los sectores vulnerables, pero aclaró que la resolución compete a la Secretaría de Finanzas:
“El tema es que eso se tendría que compensar con un esquema de subsidios, cuyo origen de recursos tendría que valorarse mucho por las áreas financieras, es un tema que escapa radicalmente a mi espacio de definiciones”, dijo.
Finalmente, insistió en que en un año el sistema de transporte público en la entidad será diferente, a partir de los compromisos signados por los 385 concesionarios para su modernización, pues éstos documentos (que a la fecha no se conocen) incluyen sanciones que van desde la amonestación hasta la pérdida de la concesión para quienes incumplan. “Por supuesto que se va a cumplir, los convenios son vinculatorios, generan responsabilidad”.
Al ser cuestionado sobre la manera en que se controlará la calidad del servicio en las unidades que prestan sus servicios de forma ilegal, comprometió que se terminará retirando de la circulación este tipo de unidades.
Y aunque no habido gasolinazos, justificó que el alza tuvo su origen en la descapitalización de los concesionarios porque han hecho un esfuerzo muy grande al invertir 52 mil millones de pesos en la sustitución de 44 mil vehículos, la integración de 17 mil unidades al sistema de control y gestión y del C5, la regulación de 60 por ciento de las unidades, el desarrollo de una plataforma tecnológica para incorporar todos los dispositivos y garantizar la seguridad del usuario y la certificación de operadores que si bien en la actualidad asciende apenas a 700, para este mes (febrero) 11 mil arrancarán con el proceso de certificación.
Todos estos gastos, según el funcionario, llevaron a los transportistas “a un punto crítico, su capacidad económica llegó al límite del financiamiento, es decir, de la capacidad de endeudamiento, lo que sigue es quedar en cartera vencida y con ello otra vez volver al riesgo de que el sistema se precarice día a día”.