La Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+ ya tiene listas sus tres primeras iniciativas: la tipificación como delito de los transfeminicidios, el reconocimiento de las infancias y adolescencias trans, y la inclusión de los integrantes de esta comunidad a los programas sociales.
Le diputade Luisa Esmeralda Navarro, presidente de este órgano parlamentario, indicó que, en el caso de los transfeminicidios, se solicitará que sea sancionado con la pena corporal máxima, que en el Estado de México va de los 40 a los 60 años de prisión, igual que el feminicidio.
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“En otras entidades la pena es de 35 a 70 años, en el Estado de México se pedirá homologar la pena máxima, igual que el feminicidio, porque el delito se comete con mucho odio”, refirió.
Ante la imposibilidad de demostrar en algunas ocasiones la identidad sexual de las víctimas, indicó que podría proponerse que se recurra a testigos que den fe, debido a que en muchos casos las víctimas no tuvieron oportunidad de armonizar, en vida, su identidad jurídica. “Vamos a garantizar que la identidad se respete, posiblemente a través de testigos. Vamos a promover que la identidad se garantice”, manifestó.
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Adicionalmente, expuso que se realizarán mesas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y con distintas Secretarías de Estado para contribuir a la resolución pronta y eficaz de este tipo de crímenes que se mantienen empantanados.
A decir de “Meme” Navarro, hasta 80 por ciento de las denuncias de este tipo se encuentran pendientes por resolver, pues a pesar de que las carpetas se levantaron, no hay avances.
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En cuanto a la necesidad de que las mujeres de la diversidad sexual accedan a los programas de bienestar, refirió que se revisará, en conjunto con la Secretaría correspondiente, cómo pueden acreditar el cumplimiento del requisito de identidad, o si existe necesidad de crear un programa específico.
Por ejemplo, citó, muchas mujeres de la diversidad sexual no han podido realizar su cambio jurídico de identidad y están imposibilitadas para registrarse como aspirantes al beneficio del programa Mujeres con Bienestar, debido a que las reglas de operación contemplan la presentación del acta de nacimiento.
La legisladora morenista aclaró que la complicación para obtener estas actas no es con los municipios, sino por el hecho de que muchas mujeres de la diversidad nacieron en otras entidades federativas y no cuentan con los recursos suficientes para viajar a sus lugares de origen con la finalidad de obtener el documento primigenio. El viaje, el hospedaje y los gastos en alimentación, manifestó, a veces escapan a sus posibilidades, pues además el trámite suele tardar entre 4 y 7 días.