El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense propuso sancionar con hasta 13 años y medio de prisión, destitución e inhabilitación hasta por 15 años a los servidores públicos que filtren imágenes de víctimas, especialmente cuando esto implique un perjuicio a niñas, adolescentes y mujeres.
Así pues, la iniciativa, promovida por la diputada Liliana Gollás, plantea penalizar la revelación o difusión indebida de imágenes o información de víctimas, y establece agravantes cuando sea en perjuicio de niñas, adolescentes o mujeres y cuando sea cometido por servidores públicos.
La morenista recordó el caso de la joven Ingrid Escamilla, registrado en la Ciudad de México, quien fue asesinada y desollada por su pareja, y cuyas fotos fueron filtradas en redes sociales y publicadas en medios de comunicación, afectando su dignidad como víctima y la de su familia. Por ello, su propuesta establece un tipo penal autónomo que establezca previsión de sanciones para las personas que, de manera indebida, revelen o difundan imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite.
“La iniciativa busca instituir agravantes para los casos en los cuales la información difundida o revelada constituye una posible lesión a la dignidad o a la memoria de las víctimas directas o indirectas de un hecho con apariencia de delito”, apuntó la legisladora. Asimismo, Gollás Trejo consideró que estas reformas buscan fortalecer la protección legal a los derechos de las víctimas y combatir la violencia mediática de género.
Por ello, se busca sancionar a quien indebidamente difunda, entregue, publique o transmita, videograbe, fotografíe, filme o comercialice imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o hallazgo, así como indicios, evidencias relacionados con un delito; por todo lo anterior, se impondrán de 3 a 6 años de prisión y una multa de 50 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Por otro lado, si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte (alcanzarían hasta 8 años de prisión). Mientras que, tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, donde se muestren las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas aumentarán hasta en una mitad (llegarán a 9 años de cárcel).
Además, las penalidades se agravarán si el delito es cometido por servidores públicos de Instituciones de Seguridad Pública u Órganos Jurisdiccionales del Estado de México, y se aumentará la pena hasta una mitad más de la que corresponda (podría llegar hasta a 13 años y medio de prisión).
Finalmente, se impondrá la destitución definitiva del empleo, cargo o comisión pública e inhabilitación para desempeñarse en la administración pública de 5 a 15 años. Por ahora, la iniciativa fue turnada a las comisiones unidas para su análisis y su posterior dictamen.