La denominada “Ley Ingrid” o “Ley Ocaña” entró en vigor en el Estado de México, tras su promulgación este domingo, para sancionar con hasta 12 años de cárcel la filtración y publicación de imágenes, videos y todo tipo de información de víctimas.
La reforma fue aprobada el 24 de octubre de 2023 por la Legislatura local, y contempla sanciones de cuatro a ocho años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la reparación integral del daño.
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“Cuando en la comisión de este delito participen servidores públicos de Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia, o cualquier otro inherente a la cadena de justicia, que por su empleo, cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos o instrumentos vinculados a un procedimiento penal o a una investigación relacionada con un hecho delictivo, se le impondrá de tres a siete años de prisión y multa de trescientas a ochocientas veces el valor diario de la UMA en el momento de cometerse el delito”, precisa el decreto.
Cuando se trate de la difusión de material de víctimas mujeres, niñas, niños, adolescentes o persona en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta en una mitad más de la que le corresponda; es decir, alcanzará hasta 12 años de prisión.
De esta manera, se sancionará “a la persona que sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación; que realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía o compartan, oferten e intercambien imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad, el honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares”.
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La intención de los cambios al artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, es evitar la revictimización y el menoscabo de la dignidad, el honor y la intimidad de las víctimas y sus seres queridos. Además de erradicar la normalización de la violencia.
En los casos que dan nombre a esta ley, uno ocurrido en la Ciudad de México y otro en la entidad, se filtraron imágenes que revictimizaban a los ofendidos y sus familias, por lo que ahora se busca preservar su dignidad y disminuir el impacto que éstos sufren.
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La denominada “Ley Ingrid” ya había sido aprobada en el Estado de México, pero mediante la acción de inconstitucionalidad 136/2021 se declaró su invalidez, al considerar que las modificaciones de entonces eran taxativas, no claras e imprecisas, y posibilitaban que cualquier persona actualizara la conducta y fuera sancionada.