Erick Armando Velázquez García, aspirante a juez civil de cuantía menor en el Estado de México, interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y posteriormente ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Su demanda se basa en presuntas irregularidades en el proceso de insaculación realizado el 26 de febrero por el Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado de México para la selección de jueces locales.
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Velázquez García, reconocido como idóneo para el cargo, señaló que el Comité de Evaluación lo incluyó indebidamente en la insaculación junto con los aspirantes a jueces civiles de primera instancia, a pesar de que eran cargos distintos y él debió haber pasado directamente, al ser el único candidato.
“El Comité de Evaluación cometió un error al someterme a la tómbola con aspirantes a otro cargo, cuando debí haber pasado directamente a la boleta”, denunció.
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A pesar de haber impugnado la decisión, el Comité se negó a corregir la irregularidad. Durante el análisis del caso, la magistrada presidenta del TEEM, Martha Patricia Tovar, determinó que Velázquez García debió avanzar directamente en la contienda, pues la insaculación en un proceso distinto era contraria a derecho.
Sin embargo, los magistrados Víctor Óscar Pasquel y Patricia Elena Riesgo rechazaron el proyecto, argumentando que el proceso ya había concluido con la entrega de listas al IEEM. A pesar de ello, Pasquel Fuentes reconoció que Velázquez García tenía razón, ya que fue insaculado para un cargo diferente al que aspiraba.
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“Dos personas que no aspiraban a ser juez de cuantía menor estarán compitiendo por el cargo para el cual yo resulté idóneo. Dicen que es un acto consumado, cuando en realidad aún es reparable, ya que no se han impreso las boletas”, subrayó.
El aspirante ya impugnó el fallo ante la Sala Regional del TEPJF, y exhortó a la autoridad federal a corregir la irregularidad y respetar el marco normativo, pues considera que este error afecta la legalidad, equidad y justicia en el acceso a la función judicial.