Las comisiones parlamentarias para las Declaratorias de Alerta por Violencia de Género, Igualdad, y Procuración de Justicia acordaron reformar en el transcurso de este año 16 normas estatales, elaboradas en el marco de la iniciativa Spotlight, que, desde su punto de vista, contribuirán a disminuir las agresiones contra las mujeres mexiquenses.
Entre los cambios se propone sancionar penalmente a servidores públicos omisos para castigar la revictimización secundaria, medidas de reparación para las víctimas, especialmente para niñas y niños por los delitos de feminicidio y desaparición, y la actualización de huérfanos de mujeres víctimas de feminicidio.
De igual manera se pretende el reconocimiento explícito de la facultad subsidiaria del Estado en la reparación integral del daño e incorporar disposiciones que obliguen la presentación de la denuncia en casos de violencia sexual o violencia de cualquier tipo.
En el ámbito educativo, establecer mecanismos para la denuncia de casos de violencia familiar y sexual, para la detección de violencia cibernética, escolar y violencia en el ámbito familiar, para prevenir las desapariciones y la reacción inmediata ante éstas.
También se elaborarán normas dirigidas a la capacitación de los servidores públicos de la Fiscalía (FGJEM) para evitar la revictimización de familiares de víctimas de feminicidio, y en materia de órdenes de protección y alerta temprana de riesgo feminicida.
Asimismo, se determinará la pérdida de la patria potestad de los hijos comunes entre la víctima y el feminicida, a partir de la sentencia penal, e incorporarán obligaciones del personal de salud para avisar a la Fiscalía sobre la existencia de posibles hechos constitutivos de violencia familiar o sexual.
La determinación se tomó después de que la diputada Karina Labastida, presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, presentó el informe de los trabajos realizados por ONU Mujeres y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C., en el “Diagnóstico de normas discriminatorias en el Estado de México”.
Recordó que el análisis normativo comenzó en la anterior Legislatura, mientras el paquete de iniciativas es resultado de la firma, el pasado 17 de noviembre, del Memorando de Entendimiento entre la Legislatura del Estado de México y ONU Mujeres.
Por ello, los legisladores plantearon una metodología que articule a las autoridades, organismos internacionales y sociedad civil. Como primer paso, se realizará una reunión de trabajo con los presidentes de las comisiones involucradas para conformar el calendario de mesas de trabajo, que se presentará posteriormente a la Junta de Coordinación Política para agilizar el desahogo del entramado jurídico propuesto.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Alicia Mercado, destacó que la sociedad se involucra cada vez más en la defensa de los derechos humanos, pero hace falta sensibilidad y capacitación de las autoridades, sobre todo quienes atienden el fenómeno en primera línea.
Esta falta de empatía, lamentó, obliga a las madres a convertirse en investigadoras, expertas en logística, cuando el Estado debiera actuar de manera transversal para que las víctimas sean protegidas.
Durante la reunión, Nayeli Sánchez, coordinadora de Spotlight en ONU Mujeres, consideró que el Estado de México va adelantado para echar a andar políticas públicas que erradiquen la violencia contra las mujeres, porque ya cuenta con presupuesto para su operación.