Como parte del Constituyente Permanente, la Legislatura del Estado de México aprobó la minuta del Senado de la República que eleva a rango constitucional los programas sociales del gobierno federal orientados al bienestar de la población vulnerable, como adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y estudiantes.
Para que la reforma a la Carta Magna del país surta efecto, es necesario que la mitad más uno de los congresos locales la ratifiquen.
La minuta reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona diversos párrafos para señalar que corresponde al Estado garantizar la entrega de un apoyo económico a personas con discapacidad permanente y que tendrán prioridad los menores de 18 años, las personas indígenas y las de ascendencia africana con al menos 64 años de edad, y quienes se encuentren en situación de pobreza.
También consigna que los mayores de 68 años tendrán derecho a una pensión no contributiva, mientras que indígenas y afromexicanos podrán recibirla a partir de los 65.
Adicionalmente, precisa que el Estado establecerá un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública, especialmente para aquellos de familias en situación de pobreza, “para garantizar con equidad el derecho a la educación”.
Entre los artículos transitorios se advierte que, en ninguna circunstancia, los recursos que se asignen a tales programas podrán disminuir en términos reales respecto de los que se hayan asignado en el año fiscal anterior.
Antes de la votación, el morenista Gabriel Gutiérrez Cureño manifestó su beneplácito por la reforma que garantiza la permanencia de estos programas como derecho de las personas; recordó que en el pasado muchos lucharon por ellos y ahora serán una realidad.