Debido a que más de un millón de adultos mayores del Estado de México están en situación vulnerable y de carencia, la Legislatura local inició en comisiones el análisis de las iniciativas para obligar a sus descendientes y familiares más próximos a garantizar su protección y cuidado integral.
La diputada Juana Bonilla, de Movimiento Ciudadano, destacó, sin embargo, la necesidad de que la propuesta no descargue todas las responsabilidades en los familiares ni exima a las autoridades en materias como el derecho a la salud.
A esta advertencia se sumó el morenista Faustino de la Cruz, quién planteó que el Gobierno del Estado debe garantizar una asignación presupuestal con atención médica especializada a los adultos mayores que representan más de 11 por ciento de la población mexiquense.
Datos del INAPAM 2020 revelan que más del 83 por ciento de los adultos mayores del país viven en abandono, son víctimas de maltrato y rechazo, sufren discriminación, falta de empleo y viven en situaciones precarias y de necesidad debido al descuido, desinterés e irresponsabilidad de quienes deberían proveer sus cuidados.
En el Estado de México, además 31.7 por ciento de adultos mayores padece limitaciones, y 18.56 por ciento tiene alguna discapacidad, lo que significa que al menos un millón 124 mil están en condiciones de una economía inactiva que los coloca en situación vulnerable y de carencia.
Ante esta problemática, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) propuso reformar el Código Civil del Estado de México para que los descendientes de los adultos mayores queden obligados a proporcionar sus cuidados primarios y una atención integral.
Los diputados además buscan fortalecer el marco jurídico para fomentar que el cuidado se contemple de manera integral, responsable y solidaria, de tal manera que el adulto mayor cuente con la protección de su familia, de la sociedad, de instituciones públicas y privadas estatales y municipales, tener acceso a la alimentación, bienes, condiciones físicas y materiales para su atención integral.
Por eso, de la Cruz Pérez propuso que haya una reunión de trabajo con los secretarios técnicos de las comisiones para que también se considere la integración del gobierno estatal y la designación presupuestal para salvaguardar la integridad de los adultos mayores y evitar que sean violentados en sus derechos.
Tan solo en el tema de salud, refirió, se debe revisar cómo se atiende a este sector, si se cuenta con los especialistas necesarios en clínicas y hospitales en el rubro de gerontología, y plantear a las universidades que generen más especialistas en esta rama porque cada día crece más la población adulta.
“Es un espectro muy amplio, se debe revisar en una lógica para dignificar realmente los derechos del adulto mayor, revisar el entramado y atender también el tema presupuestal, porque leyes existen, pero el asunto tiene que ver con presupuesto o con capacidad”, consideró.
En tanto, su correligionaria Alicia Mercado alertó que se ha convertido en un problema contemporáneo la atención a la población adulta mayor, y para atajarlo es necesario modernizar la legislación e implementar políticas sociales pertinentes.