Tras la liberación de los defensores del agua de Tlanixco y la absolución de los defensores de la tierra de Salazar, en el Estado de México aún no se concreta la libertad del activista José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. (FMDVD), considerado prisionero de conciencia que también forma parte de la lista de presos políticos candidatos a esta prerrogativa por mediación del gobierno federal.
La libertad de Pérez Espinoza no se ha resuelto, a pesar de que la Legislatura mexiquense urgió, el 21 de marzo pasado, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y al Poder Judicial estatal a retirar o sobreseer las dos denuncias penales aún vigentes en su contra.
Los avances en su caso radican básicamente en que se le brindó atención médica producto de la pancreatitis aguda que le aquejaba, pues ya se encontraba en calidad de urgencia, y en que ha sido reubicado a un penal diverso al del Chiconautla, en el que se encontraba detenido desde el 04 de noviembre de 2015.
Neftalí Granados, funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, indicó que con la libertad de seis de los ocho comuneros de Salazar, ya suman 31 los presos políticos, de conciencia o detenidos injustamente en el país que han dejado las cárceles en que se encontraban.
Precisó que la autoridad estatal tiene 538 solicitudes de distintas organizaciones sociales o actores políticos para ser analizadas como candidatas al beneficio, pero muchas aún están en proceso de evaluación con el propósito de tener “la plena certidumbre de que se trata de procesos de defensa del territorio, del agua, despojos, o criminalización por la expresión de las ideas”.
“Muchos seguramente no lo serán, habrá otros que sí, pero se identificarán por el proceso social en que ocurrieron… ese tipo de elementos los estamos evaluando con detalle, y eso tarda tiempo, por eso hemos ido un poco a cuentagotas”, dijo.
Además, aseguró, también se está priorizando la liberación con respeto pleno al Poder Judicial.
Granados reconoció que jurídicamente no existe la figura de presos políticos en México, mientras el régimen anterior tampoco los reconoce, pero advirtió que elementos establecidos por organismos internacionales como la Comisión Europea de Derechos Humanos permiten detectar, con base en definiciones específicas, los casos de presos políticos, de conciencia o detenciones arbitrarias o injustas.
Este tipo de detenciones puede ser detectado cuando ocurre en contextos sociales determinados, hay criminalización de la lucha social, o procesos muy fuertes de despojo -sobre todo donde existen recursos naturales-.
Además, cuando para la detención se hace un uso excesivo de la fuerza pública, hay remisión inmediata de los detenidos a los penales -incluso de máxima seguridad-, fabricación de pruebas, se difieren las audiencias por tiempos extraordinarios para alargar la reclusión, y hay sentencias ejemplares con la imposición de penas máximas.