Entre los pendientes de la LX Legislatura, se encuentra una iniciativa promovida por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) a finales del segundo periodo ordinario, con el propósito de que sean inhabilitados de forma definitiva los servidores públicos sentenciados por corrupción.
Esta pena, según la propuesta de modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, aplicaría cuando el monto de la afectación sea superior a 200 veces el valor de la Unidad de Medidas y Actualización (UMA).
Además promueve que los particulares y las empresas involucradas en actos de corrupción tampoco puedan participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, licitaciones o contrataciones públicas.
Los panistas consideran oportuno establecer una sanción que persuada a los servidores públicos, particulares y empresas a no incurrir en faltas administrativas graves, pues este delito afecta el desarrollo social y la relación entre gobernantes y gobernados, por ser acciones contrarias al bienestar general.
De ser aprobada en sus términos, la fracción V del artículo 82 en el ordenamiento citado, establecerá que las sanciones administrativas por la comisión de faltas graves impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa llegarán a la “inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas”.
El Tribunal de Justicia Administrativa también podrá imponer al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas, de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa.
La iniciativa se encuentra al seno de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posterior dictamen.
A la fecha, no se conoce ninguna sentencia condenatoria en el Estado de México por actos de corrupción, de tal manera que la reforma jurídica planteada por el albiceleste podría resultar inoperante si antes no se garantiza el correcto funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa para juzgar este tipo de casos.