De acuerdo con un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en México, el 43% del agua dulce no cumple con estándares de buena calidad. Esto significa que 4 de cada 10 cuerpos de agua, incluyendo ríos, lagos y acuíferos, no pueden sostener adecuadamente la vida de flora y fauna, además de representar un riesgo para la propagación de enfermedades entre sus usuarios.
Este problema tiene su origen en factores como el uso de contaminantes y químicos emergentes en la producción agrícola, el acelerado crecimiento demográfico y la urbanización.
Para abordar esta problemática, una solución efectiva es el tratamiento o saneamiento de aguas residuales, promoviendo su reutilización en procesos industriales, agrícolas e incluso domésticos. Este proceso consta de cuatro etapas clave: la filtración para remover contaminantes sólidos, el tratamiento químico, el tratamiento biológico y, finalmente, la desinfección del agua.
A decir del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales elaborado por el INEGI en 2023; el Estado de México se ubica en lugar 15 nacional con mayor cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación con 74 de ellas, mientras que los estados con más plantas son Sinaloa con 282 y Oaxaca con 186.
La OMS y la UNICEF mencionan que cerca de 297 mil menores de cinco años mueren todos los años por enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o por no contar con agua potable y de calidad.
En México, compuestos como la cal y el hidróxido de calcio, producidos localmente, juegan un papel fundamental en el tratamiento de aguas residuales. Estos materiales facilitan la aglomeración de partículas contaminantes, equilibran el pH del agua y poseen propiedades desinfectantes, contribuyendo significativamente a la mejora de su calidad.
Cada gota de agua tratada con cal no solo representa un avance en términos de tecnología y sostenibilidad, sino también un compromiso directo con el bienestar humano. La disponibilidad de agua de calidad mejora las condiciones higiénicas en los hogares, reduce los costos asociados a problemas de salud pública y favorece un entorno más seguro y adecuado para la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones.
Así, garantizar agua limpia y segura crea un impacto positivo en la salud pública, el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente, marcando el camino hacia comunidades más saludables, sostenibles y resilientes.