De marzo pasado a la fecha, la Justicia brasileña ha embargado aproximadamente 18 millones de dólares en bienes de personas denunciadas por deforestar de manera ilegal la Amazonia.
Lo anterior fue posible gracias a una iniciativa por parte de la Abogacía General del Estado, que desde principios de 2023 conformó un “grupo estratégico” para proteger los ecosistemas de aquel país sudamericano, bajo la aprobación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De acuerdo con fuentes oficiales, la cantidad bloqueada hasta este momento en los tribunales parte de cinco cautelares presentadas por los abogados del Estado, a fin de obligar a los infractores ambientales a reparar los daños ambientales causados. Tres de los procesos se tramitaron en el estado de Pará, y otros dos en Roraima, ambos situados dentro del mayor bosque tropical del planeta.
En total, la Abogacía General, que representa los intereses del Estado brasileño en el Poder Judicial, ha tramitado 34 demandas, en las que pide el resarcimiento de casi 92 millones de dólares de deforestadores de la Amazonia.