Los fallos, que ya se encuentran firmes, sin posibilidad de interponer amparos, implican inhabilitaciones de hasta 10 años, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones temporales e indemnizaciones por sanción económica por arriba de los 5 millones de pesos.
Los programas tampoco miden el grado de avance de las beneficiarias y si el recurso permite superar su situación de pobreza por ingresos, lo que ocurre también en el apoyo otorgado al mejoramiento de vivienda y educación, ni si gracias a las becas los estudiantes siguieron con su preparación académica.
Miroslava Carrillo, remitió a la Comisión de Vigilancia el Informe de Resultados correspondiente e indicó a sus integrantes que los montos observados más importantes se realizaron al Instituto de Salud (ISEM), la Fiscalía de Justicia estatal, el Consejo Estatal de la Mujer y los programas sociales.
El ISEM, la FGJEM, el Consejo Estatal de la Mujer y los programas sociales reúnen los principales montos observados.
La Ley de Fiscalización Superior del Estado de México establece que personas servidoras públicas de las entidades fiscalizables municipales que capten, recauden, reciban, administren o manejen recursos del erario, están obligados a otorgar las cauciones o garantías a favor del municipio.
El diputado Daniel Sibaja alertó que no se ha puesto atención a los actos de corrupción de servidores públicos que permanecen en su encomienda desde hace años y en ocasiones no verifican tomas de agua y/o descargas domiciliarias y de empresas de gran tamaño, por lo que tampoco se cobran.
La información relacionada con las cuentas públicas de octubre, noviembre y diciembre de las más de 500 entidades fiscalizables
De las 250 autoridades electas facultadas (125 alcaldes y 125 síndicos), 231 atendieron el requerimiento
