Por rociar gasolina para encender una casilla del municipio de Cuautitlán Izcalli durante las elecciones del pasado 02 de junio, un hombre identificado como Rafael “N” fue vinculado a proceso para que se investigue su probable responsabilidad en el delito de “destrucción de materiales o documentos públicos electorales”.
Por el contrario, el juez de Control del Poder Judicial del Estado de México adscrito al distrito de Cuautitlán, decidió que no procedía la vinculación a proceso de este hombre por su probable intervención en el hecho delictuoso de Daño en los bienes, en agravio del patrimonio del Gobierno del Estado de México.
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Conforme a la imputación, Rafael “N”, acompañado por 20 sujetos más, no identificados –es decir, que no fueron detenidos-, habría rociado gasolina en la casilla ubicada en la Escuela Secundaria Wenceslao Labra, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Este hombre fue detenido por votantes en el lugar de los hechos, quienes lo retuvieron hasta que llegaron elementos de seguridad pública estatal por él y lo remitieron ante las autoridades correspondientes.
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Este lunes, la autoridad judicial determinó procedente que sea investigado por posible destrucción de materiales o documentos públicos electorales, un ilícito contemplado en el artículo 7, fracción décimo primera, de la Ley General en materia de Delitos Electorales.
Éste establece que se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien... “se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales”.
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Además plantea que “si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará la pena hasta en un tercio más. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad más”.
Durante la audiencia dentro de la prórroga del plazo constitucional, el juzgador mexiquense además ordenó declinar la competencia al juez federal de distrito que corresponda, en razón de fuero, para que siga conociendo el proceso, dejando a su disposición al imputado.
También autorizó tres meses de plazo de investigación complementaria, el cual vence el cinco de septiembre, y el tribunal mexiquense permanecerá atento a la determinación federal.