El sector patronal propuso una serie de medidas para salvar el empleo que le costarían al gobierno alrededor de 204 mil millones de pesos, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
En videoconferencia, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que la implementación de estas medidas (salario seguro y bono solidario) contribuiría a evitar la pérdida de plazas de trabajo y también prevenir el cierre de empresas.
El salario solidario tiene el objetivo de que los trabajadores con menores recursos reciban su salario íntegro y las empresas podrían solicitarlo para los meses en los que hayan tenido que suspender operaciones por más de 16 días. es decir, abril, mayo y junio, en forma de pagos vencidos de nómina. Para julio y agosto, la aportación se entregaría directamente a la nómina del trabajador del IMSS.
El costo de esta medida sería de 164 mil millones de pesos, equivalentes a 0.7% del PIB, y las empresas podrían solicitarlo bajo la forma de salarios vencidos de nómina.
Por otro lado, el bono solidario es un subsidio del gobierno para la creación de empleos formales que promuevan salarios que cubran a la línea de bienestar familiar. Esto aplicaría entre julio y noviembre, y estaría enfocado de 150 000 a 300 000 empleos. Se conformaría por la contribución del gobierno durante tres meses, equivalente a una proporción del salario del trabajador.
Por su parte los patrones sólo se comprometen a realizar contrataciones de al menos seis meses.
La implementación de esta medida le costaría al gobierno más de 6 mil millones de pesos, si se crearan 300 mil empleos.
El seguro solidario consiste en un apoyo mensual, equivalente a un salario mínimo (3 696 pesos) para todos aquellos que hayan perdido su empleo y se otorgaría durante un periodo de seis meses.
Para un rango máximo de un millón quinientos mil trabajadores, la aportación del gobierno sería de 33 200 millones de pesos. La Coparmex planteó dos maneras de financiar este plan: adquisición de deuda pública y reorientación del gasto público, esto es, destinar lo que se está invirtiendo en obras como la construcción del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, al rescate del empleo.