Con los votos de Morena, el Partido Verde y el del Trabajo, la mayoría oficialista aprobó la reforma energética que planteó Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año, que define otra vez a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas del Estado.
Con este carácter, ambas compañías orientarán su operación a favor del servicio público y no a la búsqueda de rentabilidad; en 2013, con la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto y aprobada con los votos del PRI y Partido Verde, ambas compañías se convirtieron en empresas productivas del Estado.
Con los cambios al artículo 27 de la Constitución se establece que los particulares podrán participar en la producción de electricidad, sin embargo, "en ningún caso tendrán prevalencia sobre la industria pública del Estado cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social".
Eso significa que, a diferencia de lo que establecía la reforma de Peña Nieto y el Partido Verde, la CFE no está obligada a despachar la energía más barata, sino que primero lo hará con la que produce y luego transmitirá la de privados, generada por vías tradicionales o modalidades menos contaminantes, como la eólica o solar.
En la nueva redacción del artículo 28 se anota que no será monopolio el servicio de internet que ofrezca el Estado ni la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional "cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación".