La Fiscalía abrió la vía penal al presentar este viernes una querella por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones contra Luis Rubiales, el presidente suspendido de la Real Federación Española de Futbol, por el beso en la boca no consentido que dio a la mundialista Jenni Hermoso durante la entrega de medallas a la selección española femenina en el mundial de Australia.
En ella se solicita que Rubiales sea citado a declarar como investigado, y que la jugadora Hermoso lo haga en calidad de víctima.
La querella, firmada por la fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, considera que los hechos serían constitutivos del delito de agresión sexual previsto en el artículo 178 del Código Penal español, el cual prevé penas de uno a cuatro años de prisión, aunque el tribunal puede imponer la pena de prisión en su mitad inferior (de un año a dos años y medio) o multa de dieciocho a veinticuatro meses atendiendo a “la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable”. Asimismo, considera que los hechos se encuadran en un delito de coacciones, también penado.
Apenas hace tres días, la jugadora mundialista declaró ante la fiscal Durántez, donde formalizó su denuncia de unos hechos que, según dijo, se produjeron sin su consentimiento.
Hermoso también declaró que tanto ella como su entorno más próximo sufrieron una presión constante y reiterada por parte de Rubiales y el entorno profesional de este, para que justificara y aprobara los hechos, es decir, el beso recibido sin consentimiento.
En su escrito, la fiscal considera que este hostigamiento podría ser constitutivo de un delito de coacciones.
La fiscal pide en la denuncia que se tome declaración a Luis Rubiales en “condición de investigado”, y a Jenni Hermoso como “víctima”.
Asimismo, solicita que se recabe información de las autoridades australianas sobre la tipificación de los delitos contra la libertad sexual en sus normas penales.
La denuncia que la mundialista Jenni Hermoso hizo en persona ante la fiscal Durántez, en la sede de la Fiscalía General del Estado, era un trámite fundamental para que la Fiscalía pudiera encaminar la judicialización del caso.
El caso tendrá que ser atendido por turno por uno de los seis juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, que es la instancia judicial que tiene competencia para atender delitos cometidos fuera del territorio nacional, en este caso Australia.
En el supuesto de que el juzgado que atienda el caso considere que en los hechos denunciados hay indicios de delito, se admitiría a trámite y se iniciaría la fase de instrucción del caso, lo que se sabrá a la brevedad.
Fuente: Proceso