En cinco años de existencia, el Sistema Anticorrupción del Estado de México solamente ha reportado 32 amonestaciones por responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; es decir, 1.8 por año, por lo que la diputada local Azucena Cisneros insistió en que es una simulación y por ello requiere ser reestructurado.
La presidenta de la Mesa Directiva en la Legislatura local consideró que esta cifra evidencia la falta de resultados para prevenir y combatir este delito que se convirtió en una práctica sistematizada durante décadas.
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Expuso que el combate a la corrupción fue la principal demanda ciudadana en la campaña por la gubernatura, mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró en 2021 más de 32 mil mexiquenses víctimas de ésta práctica al hacer trámites públicos, lo que incentivó la desconfianza en las autoridades.
Por esta razón, Cisneros Coss destacó que el Poder Legislativo está obligado a realizar cambios urgentes que permitan una reestructuración a fin de contar con mecanismos eficaces que garanticen sanciones a los funcionarios por mal uso de recursos públicos.
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“El asunto de fondo que se debe atender es que se deje de simular en el Estado de México, creando instituciones que solamente sirven de membrete y para el uso de recursos públicos de forma completamente innecesaria”, expuso.
Indicó que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción representa gastos innecesarios, al tener un presupuesto anual superior a 87.8 millones de pesos, sin garantía de sanciones por las conductas indebidas de funcionarios.
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Anticipó su posición en contra del incremento de presupuesto a este organismo y a otros como el Instituto de Transparencia (INFOEM) que tampoco ha tenido resultados eficaces en la rendición de cuentas, y que pide aumento del 12 por ciento, pero es lamentable que use recursos para viajes de comisionados al extranjero.
En este entendido, adelantó que el Poder Legislativo dará todo el respaldo a la gobernadora Delfina Gómez para realizar reformas a las leyes que partan de los resultados de la consulta a los ciudadanos, con la finalidad de que haya castigo efectivo a los funcionarios que incurran en corrupción.