“El juez de control federal determinó que no existe delito alguno, por lo que ordenó sobreseer el caso, lo que impide que la FGR continúe con el mismo”, aseguró la empresa.
No obstante, el juzgador reconoció que la empresa Aleatica no contaba con una concesión expedida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para explotar el tramo en litigio, sino sólo con un acuerdo suscrito por el Gobierno del Estado de México en 2008.
La denuncia, que además dio pie a que la Bolsa Mexicana de Valores solicitara a la empresa aclarar la demanda, Aleatica afirmó que ella y su subsidiara Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V. (VB) “no son parte del procedimiento… no conoce el contenido y fundamentos en los que se basa la posible imputación que se pretende formular”.
Esta actuación forma parte del juicio promovido por el abogado Paulo Diez Gargari, quien acusó que el Viaducto Bicentenario, particularmente en el tramo de la autopista federal México-Querétaro, es explotado sin que se haya otorgado a la compañía la concesión para ello.
Con consignas como “El pueblo unido, jamás será vencido” y “Que nos devuelvan lo robado”, Juárez Rodríguez acusó que la autopista se construyó ilegalmente, permanece incompleta y es producto de la corrupción de gobiernos priistas.
El punto de acuerdo promovido por el diputado morenista Faustino de la Cruz fue aprobado por mayoría de votos (los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se pronunciaron en contra) de urgente y obvia resolución.
A la movilización fue invitado formalmente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, pero el funcionario no atendió la convocatoria
Max Correa pidió al Gobierno federal actuar con la misma contundencia como lo hizo en Baja California para recuperar el Viaducto Bicentenario
