Un grupo de ciudadanos encabezados por el abogado Paulo Díez tomó simbólicamente el Viaducto Elevado Bicentenario en demanda de que el Gobierno federal revoque su concesión a OHL (hoy Aleatica), pues esta le fue entregada de forma irregular y el tramo en cuestión está construido sobre vías federales.
A la movilización fue invitado formalmente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, pero el funcionario no atendió la convocatoria. Díez Gargari confió en que la ausencia se haya debido a que se encuentra recuperándose satisfactoriamente de COVID-19 para, posteriormente, pronunciarse sobre el tema.
El 25 de octubre de 2019, recordó el abogado, al resolver una solicitud de información, la Dirección General de Desarrollo Carretero reconoce que: “El Gobierno federal no ha suscrito, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni de esta Dirección General, algún convenio, contrato, acuerdo, permiso, autorización o licencia en favor del Gobierno del Estado de México, que le dé el derecho a otorgar en concesión la construcción, operación, explotación y mantenimiento de una autopista en los tramos Periférico Manuel Ávila Camacho desde el Toreo de Cuatro Caminos a Valle Dorado en Tlalnepantla (km 23+000 de la Autopista México-Querétaro y del km 23+000 al km 44+000 de la Autopista México-Querétaro en Tepotzotlán).
Es decir, expuso, uno de los tramos del Viaducto Elevado Bicentenario fue construido sobre una vía federal, por lo que la SCT debe pronunciarse sobre la anomalía y recuperar la autopista en beneficio de la nación.
Paulo Díez afirmó que el movimiento, al que se sumaron diputados locales como Max Correa y Faustino de la Cruz –ambos de Morena y quienes, desde tribuna, han promovido exhortos aprobados por unanimidad en favor de la recuperación y transparencia del inmueble-, fue auténticamente ciudadano, por lo que caben en él todas las ideologías políticas y creencias religiosas. Aclaró que la recuperación de la autopista, más que simbólica, fue jurídica, e indicó que mañana notificará al titular de la SCT sobre el acto, en espera de que precise si la dependencia está dispuesta a retomar el bien, pues de otra manera permitirá que la empresa cometa un delito para beneficiarse en perjuicio de la nación.
