Seis de siete imputados, entre los que se encuentran el ex secretario general de Gobierno mexiquense, Ernesto Nemer, y el ex secretario de Comunicaciones, Luis Gilberto Limón, no acudieron este jueves a la audiencia judicial por la presunta concesión ilegal de un tramo del Viaducto Bicentenario a la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL).
La diligencia se llevaría a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, como parte de la audiencia inicial solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) para formular imputación en contra de varios ex servidores públicos del Gobierno del Estado de México y directivos (actuales y pasados) de la empresa, ahora Aleatica.
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Esta actuación forma parte del juicio promovido por el abogado Paulo Diez Gargari, quien acusó que el Viaducto Bicentenario, particularmente en el tramo de la autopista federal México-Querétaro, es explotado sin que se haya otorgado a la compañía la concesión para ello.
Además de la supuesta explotación ilegal del Viaducto Bicentenario, Diez Gargari acusa asociación delictuosa y usurpación de funciones públicas, pues la conducta no sería posible sin la participación activa de diversos servidores públicos, quienes se confirieron atribuciones no establecidas en la ley.
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No obstante, el abogado dio a conocer, a través de sus redes sociales, que “los imputados no se presentaron a la audiencia y el juez tuvo por no justificada la inasistencia” de seis de ellos.
“Esto no es un derecho a la defensa sino abuso del sistema judicial, una práctica común de Aleática y de la anterior administración del Estado de México”, acusó.
En la demanda, Paulo Diez arguye que el Viaducto Bicentenario es una vía general de comunicación sujeta exclusivamente a la jurisdicción y competencia de los poderes federales; por tanto, sólo podría ser explotada por un particular al amparo de una concesión otorgada por el Gobierno Federal.
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Aletica, planteó, carece de este título de concesión y, pese a ello, cobra peaje por el uso del Viaducto Bicentenario.
El artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales sanciona con entre 2 y 12 años prisión a quien explote un bien de la Nación sin concesión otorgada por la autoridad federal competente.
De confirmarse los delitos señalados, el Gobierno Federal además recuperaría en beneficio de la Nación la autopista, y las obras realizadas en el inmueble se perderían en beneficio de la Federación, sin que proceda indemnización o compensación alguna.